La amenaza del uranio
Los cordobeses tenemos razones más que suficientes para oponernos a la nueva posibilidad de desarrollar en el territorio actividades asociadas al mineral.
Haidé Delia Giri
Senadora de la Nación
Hace muy poco, diferentes grupos ambientalistas y vecinos del Valle de Traslasierra me hicieron llegar su preocupación y alarma ante la posible extracción de uranio en una vasta región de la Pampa de Achala, provincia de Córdoba.
Les confieso que mi primera reacción fue la de cualquier ciudadano, es decir, una profunda sensación de temor ante la sola mención de la palabra uranio. Tristes experiencias registra el mundo por el uso de la energía nuclear alimentada por uranio, pensé.
Después del primer impacto me pareció que el tema ameritaba una investigación más profunda, al menos para mí, que provengo de otra disciplina. Mi responsabilidad como senadora de la Nación me exige emitir opiniones sensatas y fundamentadas.
Cada vez que se habla de cuestiones de protección ambiental, aparecen “las de cal y las de arena”. Intereses que se contraponen, detractores y defensores a ultranza. Los fundamentalismos a la orden del día.
En la década del ‘90, por decisión del Gobierno nacional, se suspendió la producción de uranio en el país. Desde entonces, Argentina importa 130 toneladas de este mineral por año, a un costo estimado en 36 millones de dólares. Con la crisis petrolera, el precio del uranio subió de 25 dólares el kilogramo a 312 dólares por kilo. Fuentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), aseguran que producirlo aquí costará menos de la mitad de aquel valor y generará cientos de puestos de trabajo.
El Gobierno nacional, por su parte, ha reafirmado la voluntad de continuar el Plan Nuclear Argentino y además, en febrero de 2008, Argentina y Brasil firmaron un convenio para crear una empresa binacional con el fin de producir uranio enriquecido a escala industrial. Todo esto pareciera indicar que la necesidad nacional de producir este mineral es un hecho cimentado en una política pública.
Una decisión difícil. Cabe preguntarse entonces, dónde y cómo extraerlo y con qué tecnología procesarlo. Prever impactos y consecuencias, conservar la calidad de vida de la población, defender las economías regionales y promover desarrollos sustentables.
Actualmente, pese a los riesgos que implica, muchos países consideran a la energía nuclear como una energía “limpia” y la utilizan como principal proceso de generación de electricidad (Japón, Estados Unidos, entre otros). Otros, en cambio, están convencidos de su peligrosidad y optan por otras formas de producir energía (eólica, solar).
Tal vez la pregunta obligada sea ¿a dónde derivan los residuos estos países como Japón y Estados Unidos? Ésta es una cuestión central. Los que conocen del tema afirman con certeza que el uranio genera pasivos ambientales que continúan siendo radiactivos por millones de años. Esto, además de ser un riesgo para la salud es, por otra parte, una posibilidad latente de accidentes nucleares. Si esto ocurriera, un reactor se vuelve incontrolable, produciendo una explosión como si fuera una pequeña bomba atómica. Y vaya si el mundo tiene presente esta tragedia con la experiencia en Chernobyl.
Ahora bien, ¿quién toma la decisión acerca de dónde extraer uranio? La Constitución Nacional establece en su artículo 128 que “corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. ¿Debe Córdoba, con esta potestad soberana que le confiere la Carta Magna, seguir permitiendo que en su territorio se desarrollen este tipo de actividades mineras? ¿Acaso no es suficiente el conflicto que nuestra Provincia mantiene con la Comisión Nacional de Energía Atómica por los pasivos ambientales que quedaron en la zona de los Gigantes como consecuencia de la explotación de uranio entre 1982 y 1990 con el riesgo que ello implicaba para el río San Antonio, afluente del lago San Roque, del que nos proveemos de agua potable los cordobeses de la Capital? ¿Y las toneladas de residuos radiactivos que se guardan en dudosas condiciones en el barrio Alta Córdoba, a la espera de que este mismo organismo les dé un destino que mejore la calidad del ambiente?
Creo que los cordobeses tenemos razones más que suficientes para oponernos a una nueva posibilidad de desarrollar en el territorio actividades asociadas a la extracción y procesamiento de uranio. Actualmente la Cnea solicitó autorización a la Secretaría de Minería de la Provincia para explorar este mineral en una zona ubicada 40 kilómetros al nordeste de Villa Dolores. El área coincidiría en el 80 por ciento con la reserva hídrica de la Pampa de Achala y abarcaría una extensión de casi cinco mil hectáreas.
A esta altura de los acontecimientos, conviene recordar que la Pampa de Achala es una especie de gran “esponja” que se carga de agua durante el período de lluvias y alimenta durante todo el año a un conjunto de ríos que representan la cuenca acuífera más importante –en realidad, la única– del centro del país. Esta vital reserva hídrica es, además, una región dedicada principalmente al turismo y a la agricultura alternativa, con productos que en muchos casos tienen valor agregado por su condición orgánica.
La salud en riesgo. Muchos afirman que Argentina necesita extraer y procesar uranio. La tendencia de futuro, según ellos, es que la mayoría de los países utilizarán reactores nucleares para abastecerse de energía eléctrica. Se trata de una “energía limpia”, dicen, con tecnología desarrollada. Si esto fuera así, lo cual personalmente me genera más dudas que certezas, lo que resulta inaceptable es que esa extracción se produzca allí donde grandes masas de población se abastecen de algo tan vital como el agua, o donde las economías regionales han ido conformando un perfil turístico o productivo que un emprendimiento de esta naturaleza echaría por la borda. Y lo que es más, el riego para la salud de la gente ¿no cuenta?
Acompaño a todos los que se movilizan ante esta posibilidad de extracción de uranio en esta Provincia y pido a quienes tienen el poder soberano de tomar decisiones, sensatez en las mismas. Córdoba, nuestra Córdoba, no soporta más medidas que vulneren su ambiente y ataquen la calidad de vida de sus pobladores. Es altamente riesgoso repetir experiencias similares a las que todavía no podemos remediar. Los Gigantes, la planta de Alta Córdoba, aún esperan soluciones más apropiadas.
Si Argentina necesita extraer uranio, debe hacerlo en lugares alejados de centros urbanos, o de zonas en donde se consolida un perfil productivo respetuoso y consecuente con la protección de la naturaleza, o de cuencas de agua potable y otras reservas, Toda política pública que se desarrolle en este campo debe apuntar a la búsqueda de consensos y de herramientas más que cuidadosas, que hagan de la explotación minera una actividad compatible con el bienestar general.
Los cordobeses tenemos razones más que suficientes para oponernos a la nueva posibilidad de desarrollar en el territorio actividades asociadas al mineral.
Haidé Delia Giri
Senadora de la Nación
Hace muy poco, diferentes grupos ambientalistas y vecinos del Valle de Traslasierra me hicieron llegar su preocupación y alarma ante la posible extracción de uranio en una vasta región de la Pampa de Achala, provincia de Córdoba.
Les confieso que mi primera reacción fue la de cualquier ciudadano, es decir, una profunda sensación de temor ante la sola mención de la palabra uranio. Tristes experiencias registra el mundo por el uso de la energía nuclear alimentada por uranio, pensé.
Después del primer impacto me pareció que el tema ameritaba una investigación más profunda, al menos para mí, que provengo de otra disciplina. Mi responsabilidad como senadora de la Nación me exige emitir opiniones sensatas y fundamentadas.
Cada vez que se habla de cuestiones de protección ambiental, aparecen “las de cal y las de arena”. Intereses que se contraponen, detractores y defensores a ultranza. Los fundamentalismos a la orden del día.
En la década del ‘90, por decisión del Gobierno nacional, se suspendió la producción de uranio en el país. Desde entonces, Argentina importa 130 toneladas de este mineral por año, a un costo estimado en 36 millones de dólares. Con la crisis petrolera, el precio del uranio subió de 25 dólares el kilogramo a 312 dólares por kilo. Fuentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), aseguran que producirlo aquí costará menos de la mitad de aquel valor y generará cientos de puestos de trabajo.
El Gobierno nacional, por su parte, ha reafirmado la voluntad de continuar el Plan Nuclear Argentino y además, en febrero de 2008, Argentina y Brasil firmaron un convenio para crear una empresa binacional con el fin de producir uranio enriquecido a escala industrial. Todo esto pareciera indicar que la necesidad nacional de producir este mineral es un hecho cimentado en una política pública.
Una decisión difícil. Cabe preguntarse entonces, dónde y cómo extraerlo y con qué tecnología procesarlo. Prever impactos y consecuencias, conservar la calidad de vida de la población, defender las economías regionales y promover desarrollos sustentables.
Actualmente, pese a los riesgos que implica, muchos países consideran a la energía nuclear como una energía “limpia” y la utilizan como principal proceso de generación de electricidad (Japón, Estados Unidos, entre otros). Otros, en cambio, están convencidos de su peligrosidad y optan por otras formas de producir energía (eólica, solar).
Tal vez la pregunta obligada sea ¿a dónde derivan los residuos estos países como Japón y Estados Unidos? Ésta es una cuestión central. Los que conocen del tema afirman con certeza que el uranio genera pasivos ambientales que continúan siendo radiactivos por millones de años. Esto, además de ser un riesgo para la salud es, por otra parte, una posibilidad latente de accidentes nucleares. Si esto ocurriera, un reactor se vuelve incontrolable, produciendo una explosión como si fuera una pequeña bomba atómica. Y vaya si el mundo tiene presente esta tragedia con la experiencia en Chernobyl.
Ahora bien, ¿quién toma la decisión acerca de dónde extraer uranio? La Constitución Nacional establece en su artículo 128 que “corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. ¿Debe Córdoba, con esta potestad soberana que le confiere la Carta Magna, seguir permitiendo que en su territorio se desarrollen este tipo de actividades mineras? ¿Acaso no es suficiente el conflicto que nuestra Provincia mantiene con la Comisión Nacional de Energía Atómica por los pasivos ambientales que quedaron en la zona de los Gigantes como consecuencia de la explotación de uranio entre 1982 y 1990 con el riesgo que ello implicaba para el río San Antonio, afluente del lago San Roque, del que nos proveemos de agua potable los cordobeses de la Capital? ¿Y las toneladas de residuos radiactivos que se guardan en dudosas condiciones en el barrio Alta Córdoba, a la espera de que este mismo organismo les dé un destino que mejore la calidad del ambiente?
Creo que los cordobeses tenemos razones más que suficientes para oponernos a una nueva posibilidad de desarrollar en el territorio actividades asociadas a la extracción y procesamiento de uranio. Actualmente la Cnea solicitó autorización a la Secretaría de Minería de la Provincia para explorar este mineral en una zona ubicada 40 kilómetros al nordeste de Villa Dolores. El área coincidiría en el 80 por ciento con la reserva hídrica de la Pampa de Achala y abarcaría una extensión de casi cinco mil hectáreas.
A esta altura de los acontecimientos, conviene recordar que la Pampa de Achala es una especie de gran “esponja” que se carga de agua durante el período de lluvias y alimenta durante todo el año a un conjunto de ríos que representan la cuenca acuífera más importante –en realidad, la única– del centro del país. Esta vital reserva hídrica es, además, una región dedicada principalmente al turismo y a la agricultura alternativa, con productos que en muchos casos tienen valor agregado por su condición orgánica.
La salud en riesgo. Muchos afirman que Argentina necesita extraer y procesar uranio. La tendencia de futuro, según ellos, es que la mayoría de los países utilizarán reactores nucleares para abastecerse de energía eléctrica. Se trata de una “energía limpia”, dicen, con tecnología desarrollada. Si esto fuera así, lo cual personalmente me genera más dudas que certezas, lo que resulta inaceptable es que esa extracción se produzca allí donde grandes masas de población se abastecen de algo tan vital como el agua, o donde las economías regionales han ido conformando un perfil turístico o productivo que un emprendimiento de esta naturaleza echaría por la borda. Y lo que es más, el riego para la salud de la gente ¿no cuenta?
Acompaño a todos los que se movilizan ante esta posibilidad de extracción de uranio en esta Provincia y pido a quienes tienen el poder soberano de tomar decisiones, sensatez en las mismas. Córdoba, nuestra Córdoba, no soporta más medidas que vulneren su ambiente y ataquen la calidad de vida de sus pobladores. Es altamente riesgoso repetir experiencias similares a las que todavía no podemos remediar. Los Gigantes, la planta de Alta Córdoba, aún esperan soluciones más apropiadas.
Si Argentina necesita extraer uranio, debe hacerlo en lugares alejados de centros urbanos, o de zonas en donde se consolida un perfil productivo respetuoso y consecuente con la protección de la naturaleza, o de cuencas de agua potable y otras reservas, Toda política pública que se desarrolle en este campo debe apuntar a la búsqueda de consensos y de herramientas más que cuidadosas, que hagan de la explotación minera una actividad compatible con el bienestar general.
lunes 5 de mayo de 208
publicado por: La Voz del Interior