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Opinión

La catástrofe minera y el silencio

Por Norma Giarracca *

Las poblaciones cordilleranas desde hace años sienten y viven una situación catastrófica. Y una catástrofe se define por la destrucción de una estructura sin la consecuente construcción de otra. A diferencia de situaciones traumáticas que, cuando la causa desaparece, cierta normalidad renace, con la catástrofe nada vuelve a ser igual. Y, en efecto, cuando vemos las imágenes de destrucción indiscriminada de cerros, glaciares, ríos, fauna, flora, sitios arqueológicos, sitios sagrados, agriculturas y poblaciones dignas que llevan años reproduciéndose, podemos sentir con ellas la sensación de la catástrofe minera. Dentro de 10 o 15 años, cuando el mineral se agote y las corporaciones se vayan, nada volverá a ser igual, tanto los ecosistemas como la vida de las poblaciones nunca más volverán a ser lo que son hoy. ¿Por qué? ¿Quién tiene el derecho a decidir que esto ocurra? ¿Qué valor tienen unas leyes aprobadas en los ‘90 (como la leyes de perdón a los represores)? O, ¿qué valor tienen legislaciones provinciales votadas entre “gallos y medianoche”, como la desafección de la protección de la Unesco de una franja de unas 17 mil hectáreas de tierra en San Juan que ya habían sido cateadas para minería y que luego serían transferidas a la empresa Barrick Gold para sus proyectos de Veladero-Pascua Lama? La ley no fue anunciada sino hasta diez años después, luego de que fueran completados mapeos y exploraciones y, mientras tanto, los derechos de esas tierras eran comprados a precios irrisorios (Informe Corpwatch, 2007). ¿Quiénes nos representan en estas decisiones estratégicas de nuestros territorios y nuestras vidas? ¿Por qué impiden plebiscitar estas decisiones? En el único caso que se permitió el plebiscito, Esquel, por una amplia mayoría se repudió la actividad.

¿Por qué el sector político partidario que representa o pretende representar a estas distintas poblaciones muestra tantas dificultades para poder leer sus demandas de poder elegir cómo vivir y relacionarse con el medio? Cuando nos empeñamos en observar y registrar el país “desde abajo”, visualizamos que la brecha entre políticos, funcionarios y poblaciones es cada vez más ancha. En algunos espacios de estas organizaciones y movimientos acercarse como integrante de un partido político es recibir con seguridad una invitación a retirarse. Los partidos de oposición registran estos fenómenos, pero tratan de usarlos para desacreditar a los dirigentes en funciones gubernamentales y capitalizar la situación. El fracaso es rotundo, pues no se dan cuenta de que no pueden salir de la misma lógica por la que unos y otros pierden credibilidad. Las encuestas son muy elocuentes para demostrar este fenómeno, bajan los políticos en funciones de gobierno, pero ningún opositor sube en popularidad.

Durante la última semana, muchas poblaciones del país cuyos territorios la actividad minera aspira a controlar y devastar (o lamentablemente ya lo hace) repudiaron de muchos modos un evento denominado “Argentina Oro 2008”, realizado por las grandes corporaciones mineras con la finalidad de demostrar los avances de sus considerables negocios en este país. Muchos argentinos de las regiones mineras, muchos universitarios, trabajadores, periodistas, artistas, personas que aún conservan ese empecinado criterio de elección de lo que consideran sustentable o perjudicial para el país, repudian esta ostentación de riquezas y negocios de las corporaciones y sus socios nacionales. Sin grandes medios, sin recursos, ni apoyos más allá de los propios de las acciones colectivas, estas poblaciones dan una vez más el ejemplo de resistencias que nos hacen dignos como sujetos sociales y conjunto social.

Simultáneamente a estos tremendos esfuerzos contra la entrega de los recursos naturales y la devastación de los territorios, los políticos gubernamentales, varios gobernadores, acompañan el evento minero y la oposición partidaria, la UCR, la Coalición Cívica y el PRO se ocupan de entorpecer la recuperación estatal de un sistema de jubilación privada que fue otra de las vergüenzas nacionales de los ’90. Elisa Carrió, que hace un tiempo advertía acerca de los que “vienen por nuestros recursos”, cuando “los que vienen” ya están en casa festejando se ocupa de convocar a su partido para oponerse a una medida que, en todo caso, se debe discutir en el Congreso y no en la calle. Mientras un número importante de argentinos busca todos los medios para convencer a la esquiva ciudad de que éste es el momento no sólo para indignarse, sino para terminar con esta producción devastadora usando todos los medios legales (en siete provincias ya hay legislación que la prohíbe), los políticos siguen sus propias, ciegas y sordas lógicas.

A pesar de todo, un fuerte sentido “decolonial” se expande por las poblaciones más sensibles: habitantes de las pequeñas ciudades cordilleranas, comunidades de científicos responsables, artistas, periodistas y muchos, muchos jóvenes que tratan tenazmente de evitar la catástrofe. Ignacio Lewkowicz, quien nos hablaba de las consecuencias de la catástrofe, se preguntaba (en PáginaI12, 11/7/2002): “¿Qué sucede con la catástrofe? Si el trauma es concebido como el impasse en una lógica (...) la catástrofe sería algo así como el retorno al no ser. Es posible pensarla como una dinámica que produce desmantelamiento sin armar otra lógica distinta pero equivalente en su función articuladora. De esta manera, lo decisivo de la causa que desmantela es que no se retira (...) Por eso mismo, no hay ni esquemas previos ni esquemas nuevos capaces de iniciar o reiniciar el juego. Hay sustracción, mutilación, devastación. Se ha producido una catástrofe”.

* Profesora e investigadora del Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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INAUDITOS PRIVILEGIOS DE LA MINERÍA

Reproducido por gentileza de Le Monde diplomatique, “El Dipló”, Edición Cono Sur.

Le Monde diplomatique / el Dipló / Agosto 2008

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Nicolás Gutman* y Roberto Adaro**

Controles y fiscalidad del siglo XIX en Argentina

Inauditos privilegios de la minería

Una de las industrias más energético-intensivas del planeta, la minería
consume entre el 7% y el 10% de la producción mundial de energía.
Las empresas que operan en Argentina, un país al borde de una crisis energética grave, gozan no obstante de subvenciones al
precio de la energía, además de una ridícula imposición fiscal y total
ausencia de controles. Se trata de una aviesa inversión de la lógica.

En Estados Unidos la minería utiliza 25 cuatrillones de BTU anuales, lo suficiente para dar energía a 25 millones de hogares o un cuarto de la población del país (1). En Chile, la actividad minera representa el 33,7% del total del consumo eléctrico (2).

En Argentina, es difícil acceder a datos sistemáticos y confiables, pero se
puede hacer una aproximación a través de las propias declaraciones de las empresas en sus informes de impacto ambiental, y del consumo de minas ya operativas.

El primer emprendimiento minero a cielo abierto en iniciar su explotación en
Argentina, la mina Bajo la Alumbrera en la provincia de Catamarca es el mayor consumidor individual de energía eléctrica del país (según los datos disponibles, la empresa declara consumir 150 MW) (3); representa el 86% del consumo de los grandes usuarios de Catamarca y el 35% del consumo
industrial de todo el Noroeste (4).

La mina a cielo abierto Pascua Lama, proyecto binacional de la multinacional
canadiense Barrick Gold en el límite con Chile de la provincia de San Juan, prevé una demanda promedio de energía de 110 MW, con una demanda máxima de 123 MW, según lo estimado en su Informe de impacto ambiental. Estos MW serán provistos por la conexión a la red de suministro(5). La demanda mensual de combustibles en la fase operacional sería de
3.150.000 litros de gasoil y 60.000 litros de nafta por mes durante 21 años.
Las cifras declaradas de tres de los principales emprendimientos son de un consumo de 150 MW en el caso de la Alumbrera; 110 MW en el de Pascua Lama y 135 MW previstos para Agua Rica; un total de 395 MW. Para tener una idea: la central nuclear de Atucha I produce 357 MW. Para completar la idea sólo hace falta multiplicar estas cifras por los más de 275 proyectos
en preparación anunciados en 2006 por la Secretaría de Minería de la Nación.

Cada nueva mina a cielo abierto equivale a la incorporación de una ciudad
de 300.000 habitantes a la red de suministro. Una ciudad de ese tamaño consume 100 MW, menos que el consumo de cualquiera de los tres grandes proyectos mencionados. A cambio, esas empresas “contribuyen” a las arcas nacionales con una raquítica regalía sobre los recursos extraídos, que no supera el 3% por ley. Además, liquidan todas las divisas en el exterior y
dejan un pasivo ambiental que requerirá de una capacidad técnica que Argentina está muy lejos de disponer.

Es difícil saber cuál será realmente el consumo energético del sector minero en Argentina, ya que se encuentra en un estado de desarrollo muy incipiente. Dependerá de cuantos proyectos resulten aprobados y finalmente explotados. Por otra parte, las necesidades de consumo energético varían según las condiciones climáticas, las características técnicas, el tamaño de cada proyecto, la cantidad y tipo
de metal a extraer, etc.

Mina de carbón, Río Turbio, ca. 1950 (Gentileza Banco Bice)

Pago a las multinacionales

En un país marcado por ciclos que fluctúan entre fuertes crisis económicas que impiden mantener e invertir en infraestructura, y rápidas expansiones que crean cuellos de botella en varios sectores, la energía es un sector clave. Tanto, que hoy está en el centro de las pujas políticas y debates para
definir responsabilidades por la crisis energética.
Mientras el debate en los medios de comunicación está enfocado en la
búsqueda de culpables por la falta de inversión para cubrir la demanda de energía, pocos mencionan cómo se distribuye la existente y quiénes se benefician.

El mundo del revés:
los ciudadanos de los países pobres
subvencionan a las mayores
corporaciones internacionales.

En abril de 2005, el Dipló anunciaba en su portada: “Argentina camino a un
colapso energético”. Agregaba que las reservas comprobadas de petróleo y gas sólo cubrirían 11 y 15 años de demanda respectivamente (6). Este cuadro de situación, ratificado luego, es especialmente grave, porque desnuda en primer lugar que existe una política pública errática y coyuntural
respecto de cómo utilizar la escasa energía generada y quiénes y cuánto deben pagar para acceder a ella. Un estudio publicado por el diario Clarín de Buenos Aires en mayo de 2008 muestra en un análisis comparativo de la región que “el Índice Monitor de Precios de la Energía (IMPE) mide la distorsión de precios de la canasta energética argentina (petróleo, combustibles, gas y electricidad) dando un valor que si para América Latina es de 1 peso, en Argentina es de 0,31, por lo que habría que multiplicar
por tres los precios de la canasta energética para estar en los mismos niveles
que nuestros vecinos” (7). Mientras el precio del litro de nafta en el país es de 2,40 pesos, en Chile es de 4,70 y en Perú 4,91; el gas para uso industrial se paga aquí 0,39 pesos por m3, en Chile 3,10 y en Brasil 1,69, en tanto que la energía eléctrica cuesta aquí 31,3 milésimas de dólar por KWh, mientras los brasileños pagan 104,7; los panameños 140,2; los mexicanos 109,4 y los chilenos 100,5.

Esta diferencia no se debe, como podría pensarse, a que Argentina sea rica en recursos energéticos, sino a una política oficial de subvención de precios que busca contener la inflación y el alineamiento de los costos productivos locales con los internacionales. Pero esto supone un enorme esfuerzo para todos los contribuyentes argentinos. Cada peso de subvención a la energía actual se multiplicará al menos por tres cuando, en unos años, haya que importar energía por agotamiento de los recursos existentes y la demanda exceda la capacidad instalada. En el primer trimestre del año, los subsidios que la Administración Nacional destinó al sector energético totalizaron 2.548 millones de pesos, por lo que en 2008 y teniendo en cuenta el pico de demanda en el invierno, no será menor a 9.000 millones de pesos.

Devoradoras de energía barata

Hace 8 años, por una Resolución de la Secretaría de Energía y Minería de la República Argentina (Nº 174/2000) se constituyó el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), financiado por un incremento
en la tarifa eléctrica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la ley
25.401. El FFTEF destina la mayor parte de su inversión a las obras del Plan Federal de Transporte (PFT). También llamada Línea Minera, la línea es un tendido eléctrico de 500 Kv que une varias provincias andinas y está esencialmente destinado a servir a los grandes proyectos mineros. En su trayecto incluye a Chilecito y Aimogasta en la provincia de La Rioja; a Belén y Andalgalá en Catamarca y finalmente a Barreal y Pachón en San Juan, todas localidades donde se están gestando los próximos grandes
emprendimientos mineros.

Esto significa que todos los contribuyentes aportan para que unas pocas empresas multinacionales accedan a gigantescas
cantidades de energía a muy bajo costo (8). En la provincia de San Juan, las
boletas de luz tienen especificado el ítem “Fondo para la línea de interconexión en 500 Kv”. El mundo del revés: los ciudadanos de
los países pobres subvencionan a las mayores corporaciones internacionales.

La escasa oferta energética actual, incluyendo la energía que se compra en
el exterior y se vende subvencionada internamente, debería destinarse a sostener la recuperación industrial del país. Sin embargo, las compañías mineras, gracias al marco regulatorio legal e institucional, no solamente acceden a la energía subvencionada, sino que además no pagan
impuestos por ella. Es el caso de los combustibles líquidos: además de comprarlos a precios subvencionados, estas empresas están exentas de pagar los impuestos que todos los ciudadanos y el resto del sector industrial sí deben pagar (Decreto 377/1998). El Estado, mientras tanto, importa combustibles para abastecer a las centrales térmicas.

Impuestos de broma

La falta de inversión en el sector energético, tras muchos años de estancamiento económico, y el fuerte incremento de la demanda en un breve período debido a la recuperación poscrisis del 2001, deja al país frente a
un juego que por el momento es de suma cero. Una oferta energética cada vez más escasa ante una demanda cada vez mayor conduce inexorablemente, a término, al aumento de precios, lo que impactaría de lleno en la inflación y quitaría competitividad a la economía argentina. En esta situación se debería priorizar el acceso a la energía a las industrias que tengan mayor incidencia en el crecimiento y el empleo, transferencia de tecnología y creación de valor agregado y pago de impuestos que sirvan para la inversión pública en el sector energético.

Desde la sanción del marco regulatorio legal, en la década de 1990, durante
el gobierno peronista de Carlos Menem, el sector minero es el que recibe las mayores ventajas impositivas, sólo superado por la especulación financiera, que no tiene carga alguna, en contraste con el resto de los sectores
económicos.

En diciembre de 2007, en un contexto de constante alza de los precios internacionales del oro, la plata, el cobre y la mayoría de los metales, el entonces presidente Néstor Kirchner resolvió cobrar retenciones
a las exportaciones mineras, situando la alícuota fija entre un 5% y un 10% según el metal en cuestión. Pero teniendo en cuenta las ganancias extraordinarias de esas empresas debido a los precios internacionales
actuales y, principalmente, a las transferencias en su favor que representan las distintas exenciones y fuertes desgravaciones impositivas, parece claro que esas tímidas imposiciones son insuficientes.

No es un dato menor que las empresas mineras paguen sus ridículos impuestos a través de una declaración jurada, y esto luego de realizadas las exportaciones. O sea que el Estado argentino no ejerce control alguno sobre la actividad de esas empresas y sus recursos no renovables.

El predominio que detentan los intereses privados en el sector minero argentino contrasta con la situación a nivel internacional respecto de recursos considerados estratégicos, como los minerales y la energía. Mientras el Código de Minería argentino prohíbe al Estado explotar los minerales del territorio nacional (Art. 9), países como Rusia, China y Brasil avanzan en sentido contrario. China se ha lanzado por el mundo a invertir en minería a través de sus bancos y empresas estatales o asociadas. A través de Vale do Rio Doce, la segunda minera más grande del mundo (empresa privada mayormente de capitales brasileños, pero de origen estatal, en la que Brasilia mantiene influencia en las decisiones estratégicas), Brasil trata de asegurarse la provisión de insumos minerales estratégicos.
En Chile, ni la férrea dictadura pinochetista se atrevió a privatizar Codelco, la
empresa nacional de cobre, en tanto que Bolivia y Venezuela tomaron el control de sus recursos minerales.

Esas empresas “contribuyen” a las
arcas nacionales con una raquítica
regalía sobre los recursos extraídos.

Cabe preguntarse por qué países como Brasil, India o China, los próximos
grandes actores de la economía mundial, van en dirección contraria a la de Argentina respecto de la explotación de sus recursos naturales. Una respuesta son los personajes que vienen diseñando la política pública minera desde hace casi dos décadas. Un pequeño grupo compuesto por familiares y amigos que ha logrado, sobre todo durante el peronismo menemista, traspolar las formas de relaciones nepóticas de poder de las provincias más pobres a la esfera de la política de Estado.

El actual gobernador de San Juan, José Luis Gioja, también empresario minero y miembro de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, fue Diputado Nacional (1991-95) y actor clave en la reforma del marco regulatorio legal
minero de 1994. Su hermano Juan Carlos Gioja es actualmente vocal de esas mismas comisiones en la Cámara Baja. El tercer hermano Gioja, César, preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara de Senadores de la Nación y es propietario de otra empresa minera, Bentonitas
Santa Gema, proveedora de los grandes proyectos en el país. El actual secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, sanjuanino también, actúa más como empresario que como funcionario que vela por un desarrollo minero que contemple las complejas contradicciones sociales, ambientales
y económicas de la gran minería. Mayoral es también empresario minero, tal como se desprende de la Resolución de la Oficina Anticorrupción, OA/DPPT No 97/03, donde se establece la improbable tarea de abstenerse
de tomar intervención en asuntos relacionados con las empresas Micas Argentinas S.R.L.; Minvail S.A. y Millstone S.A., de las que es parte, e investigar si ha incurrido en incompatibilidades en el desempeño de su cargo como funcionario público según la Ley de Ministerios.

La política oficial argentina sobre recursos naturales, en este caso de la minería, es la siguiente: conceder todos los recursos al mejor postor, casi siempre corporaciones extranjeras, ofreciéndoles un marco legislativo que no contempla regulaciones efectivas en cuanto al impacto ambiental y social, con leyes declamativas que no se pueden efectivizar por falta de recursos y conocimiento técnico. Mientras Brasil va camino de convertirse en una
potencia de peso propio, con compañías estatales o mixtas explotando petróleo, gas y minerales, Argentina va camino de componer el tango de siempre: somos ricos, tenemos de todo… pero nos va mal.

1 Earthworks and Oxfam America, “Dirty metals, mining,
communities and the environment”, 2004.
2 Instituto Nacional de Estadísticas de Chile,
www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/
energia/300608/energiamayo08.pdf
3 Declarado en la página de internet de la Comisión de
Minería de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
4 Diario El Ancasti, Catamarca, 6-8-07.
5 Ref. Nº SA202-00027/3-4, Rev 0, julio de 2006, Secretaría
de Estado de Minería de San Juan, www.mineria.
sanjuan.gov.ar/index.php
6 Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “Argentina
camino a un colapso energético”, Le Monde diplomatique,
Buenos Aires, abril de 2005.
7 “Argentina: pesada herencia energética”, Clarín,
Buenos Aires, 25-5-08.
8 Consejo Federal de la Energía Eléctrica, Plan Federal de
Transporte de Energía Eléctrica en 500 Kv,
www.cfee.gov.ar/caf/index.htm

*MAGÍSTER EN ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS,
GEORGEMASON UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS.
EXPERTO EN TEMAS DE MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE.
**LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES.

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N.G. y R.A.
© LMD ed. Cono Sur

¿MINERÍA RESPONSABLE? Las Instituciones de Ciencia y Tecnología no son unidades de negocios

El uso y abuso meramente retórico o falaz del discurso de la responsabilidad social empresaria, o “minería responsable”, que utilizan diversos actores corporativos de la actual mega minería, procura eludir y acallar reclamos de las comunidades locales, las que denuncian el saqueo y la contaminación de sus bienes naturales y la vulneración de su estilo de vida, provocado por el modo de explotación a cielo abierto, con gigantescas voladuras de montañas y rocas, consumos de agua y energía subsidiada, uso de productos altamente tóxicos que envenenan el ambiente, y muchos otros impactos de extraordinaria envergadura, en el marco de un entramado legal sancionado a la medida de sus intereses durante la década de hegemonía neoliberal y mantenida hasta el presente.

Haciendo un breve recuento histórico hemos de mencionar que a partir de la Reforma del Estado en 1989, los organismos internacionales de crédito, más concretamente el Banco Mundial, promovieron un marco institucional tendiente a favorecer el desarrollo de la minería a gran escala. Con la sanción de la Ley 24.196 de Inversiones mineras (y complementarias), los emprendimientos mineros gozan de privilegios únicos para el sector, tales como: Doble deducción fiscal de gastos de Exploración (Ley Nº 24.196) que permite deducir el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad de un proyecto del cálculo, del impuesto a las Ganancias; Devolución del IVA a la Exploración (Ley Nº 25.429) por la compra de los vehículos y maquinarias que importen y por los elementos o servicios que compren o contraten en el país; y Estabilidad Fiscal y Cambiaria (Ley Nº 24.196) por 30 años, mantenida a pesar de Ley de Emergencia Económica, entre otras¹. Este entramado legal, hecho a la medida de los intereses corporativos durante la década de hegemonía neoliberal, se mantiene hasta el presente.

Como Instituto Nacional de Tecnología Industrial estamos, junto a las universidades y demás instituciones del sistema científico y técnico, ante el deber de reflexionar y debatir abiertamente acerca del rol del Estado en torno a la minería (de idéntica manera al caso de biocombustibles, sojización, hidrocarburos, transportes, energía, etcétera), es decir, plantear las condiciones políticas sobre las cuales dar la discusión sobre la sustentabilidad o no de dicha actividad. Pero también, y sobre todo ante las diversas formas de cooptación de que son objeto (vía convenios institucionales, contratos de consultoría, subsidios, “premios”, etcétera), universidades y científicos deben cuestionarse y cuestionar su propia “responsabilidad social” de cara a la sociedad en general y a los vecinos afectados en particular. El INTI tuvo una dura experiencia durante los ’90, cuando el abandono presupuestario y la política neoliberal del gobierno Menem-Cavallo forzó a una cuasi privatización, vía venta de servicios y ensayos de laboratorio. En palabras del presidente del INTI “se nos insultó a los centros del INTI, llamándonos “unidades de negocio” en el propio estatuto” (ver editorial).

Valgan los siguientes ejemplos de muestra. Recientemente, el actual vice-presidente de Minera Bajo La Alumbrera (Catamarca), fue procesado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, convirtiéndolo en el primer alto directivo de una gran empresa en ser procesado por esta causa. Casi simultáneamente la OLAMI, Organización Latinoamericana de Minería, otorgó a dicha empresa el premio Gestión Social en la categoría Gran Minería, que otorga cada dos años por las actividades y avances vinculados con el desarrollo sustentable del sector minero en América Latina.

También La Alumbrera estableció un convenio con la Universidad Nacional General San Martín (UNSAM, uno de cuyos directivos es también alto directivo de la OLAMI) para dar “capacitación docente” a los maestros en Andalgalá, tarea a la que dicha Universidad del estado destinó un numeroso equipo de especialistas. La empresa Minera La Alumbrera esta constituída por una U.T.E. (Unión Transitoria de Empresas) entre una multinacional suiza (Xstrata) y un consorcio local (YMAD) integrado por.... la Universidad Nacional de Tucumán, que recibe regalías de aquella explotación que está siendo enjuiciada por la Justicia Federal en esa misma provincia. Hace pocos días, la minera Aguas del Dionisio, de Catamarca, acaba de otorgar un subsidio de un millón y medio de pesos a la Universidad Nacional de la Patagonia, que fue aceptado sin debate por su concejo superior, en Chubut, una provincia que ha sido pionera en las movilizaciones vecinales contra la mega minería. La credibilidad y prestigio de los profesionales y de las instituciones científicas en su conjunto quedan amenazadas de sospecha por estos connubios poco legítimos.

Más descarado aún es lo que ocurre con la ya devaluada y vapuleada “clase política”, cuya conducta en muchos casos como agentes corporativos se expone con impunidad y sin vergüenza. Tales los casos de ex altos funcionarios del régimen menemista, aún actuales altos dignatarios provinciales o nacionales; el último y más reciente caso lo constituye un actual gobernador, quien después de impulsar y lograr sancionar una ley de prohibición de la minería contaminante en su provincia, y de hacer su campaña electoral en base a ella, a poco más de medio año de haber ganado esa elección acaba de promulgar su derogación. Como dijo un ex presidente y ex gobernador de esa misma dolida provincia, “si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie no me hubiera votado.” (sic!)

Una de las prácticas corporativas empresarias es manipular el concepto de responsabilidad social para generar consenso y/o consentimiento respecto de sus intereses con el fin de convalidar su accionar, altamente contradictorio con su discurso. Como ejemplo de ello se publicó en la emblemática revista Mining Press (Nº 15/2006), el sugerente título “Argentina for sale”, para ser distribuída en diversos países del mundo. Allí se promueven y publicitan a las corporaciones mineras como “empresas socialmente responsables que operan bajo estricto cumplimiento de todas las normativas ambientales, contribuyendo al crecimiento de la comunidad con empleo y el desarrollo de programas sustentables”. Asimismo como parte de la política de responsabilidad social y relaciones con la comunidad se publica un juego muy interesante para reflexionar sobre la ‘multiplicidad’ de estrategias corporativas destinadas a generar consenso (ver http://www.miningpress.com/news/oca3.htm).

Por último resulta de fundamental importancia destacar que los vecinos y ambientalistas que luchan por defender sus recursos no se declaran contra la minería, sino contra el saqueo y la contaminación, contra el despojo a cambio de espejitos de colores, contra el uso indiscriminado del agua para producir oro, plata, cobre y otros minerales que servirán para la economía del Primer Mundo. Esquel fue un ejemplo paradigmático en este sentido. A esta lucha y resistencia se suman otras localidades y pueblos que padecen la misma problemática, en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Juan, todo el centro oeste montañoso y cordillerano del país.

Fuente: INTI (Instituto Nacional de Tecnología industrial)

El Acuerdo Nuclear Argentina-Brasil: ¿energía o geopolítica?

Montevideo, Uruguay - 27/08/08. Los presidentes de Brasil y Argentina anunciarán el próximo 6 de setiembre en Recife (Brasil), la creación de una empresa binacional de energía nuclear. La nueva empresa, no sólo se dedicaría a la producción de energía eléctrica sino también al reprocesamiento de uranio, usos médicos y agrícolas y eventualmente su utilización en submarinos atómicos, de acuerdo a informes de prensa argentinos. Esta empresa no se limitaría al área geográfica de estos dos países sino que espera ampliarse a toda Sudamérica donde según el gobierno brasileño se estarían construyendo entre 12 y 15 centrales nucleares antes de 2030.
Por Gerardo Honty

El presidente de Industrias Nucleares de Brasil, Alfredo Tranjan Filho, dijo al periódico O Estado de San Pablo que “sería más eficiente crear una empresa binacional amplia, dedicada no solo al enriquecimiento de uranio sino también a otras oportunidades y necesidades de los países y del mercado ampliado de América del Sur en las áreas de salud, agrícola y radiofármacos”. La compañía se posicionaría como uno de los proveedores mundiales de uranio enriquecido, uno de los objetivos del gobierno brasileño, según Tranjan. “Además de los planes de Chile, Uruguay, Perú y Venezuela de instalar centrales nucleares, Argentina cuenta con dos usinas en operación, pretende concluir Atucha II y planea construir otras dos usinas. Brasil mantiene Angra I, Angra II, construirá Angra III en 2014 y otras 6 usinas hasta 2030” La idea de esta empresa binacional fue uno de los 17 acuerdos alcanzados en el encuentro de los dos presidentes el pasado 22 de febrero cuando se creó el Comité Binacional de Energía Nuclear (Coben). Sin embargo la asociación no cuenta con el beneplácito unánime de las autoridades brasileñas, particularmente de la Marina: "No existe ninguna directriz Brasil-Argentina en la que esté involucrada la Marina de Brasil” respondió el Centro de Comunicación de la institución militar al periódico Estado de Sao Paulo. Sugestivamente, también se hizo referencia al acuerdo que Brasil estaría programando con Estados Unidos, para asegurar las nuevas reservas de hidrocarburos halladas en el Atlántico, a ser patrulladas con nuevas embarcaciones, entre las que se menciona el submarino nuclear brasileño en fase de desarrollo. El gobierno Lula no solo tiene problemas con la Marina con sus planes nucleares. Mientras varios estados se disputan la localización de las nuevas plantas, el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente, agencia encargada de otorgar las autorizaciones ambientales) ha dictaminado que Angra III recibirá la autorización –entre otras condiciones- cuando haya encontrado una solución definitiva para almacenar el residuo nuclear producido en las usinas. El ministro de energía Edison Lobão por su parte ha afirmado que ese es un problema que no se ha solucionado aún en ningún lugar del mundo: El ministerio del “medio Ambiente no puede pedir una solución que no existe todavía. Brasil no está haciendo nada inferior o superior a lo que se hace con las 440 usinas nucleares esparcidas por el mundo entero” replicó Lobão. Es decir: ya que hay 440 problemas sin resolver, no tiene importancia agregar alguno más. La Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) y Eletronuclear se comprometieron a encontrar una solución antes de 2010 para almacenar los residuos nucleares de manera segura “por 500 años”, una insignificancia si se considera que los residuos permanecen radiactivos por decenas de miles de años. El Ministro de Medio Ambiente Carlos Minc, aún no dio su acuerdo a la solución pero todo hace prever que será aceptada. Lula dio 60 días para resolver la cuestión de la licencia ambiental de Angra III, mientras que el cronograma establecido por el gobierno indica para el año 2014 su puesta en funcionamiento y las presiones hacia el IBAMA son enormes. En Europa entre tanto, la única nueva usina en construcción después del desastre de Chernobyl, Olkiluoto 3 en Finlandia, lleva un atraso de dos años y estima un costo cien por ciento mayor que el previsto inicialmente. Por otra parte los accidentes nucleares –o “incidentes” como le gusta decir a los representantes de la industria nuclear- ocurridos en lo que va del año han minado sensiblemente la imagen de seguridad que esta tecnología viene promocionando. El pasado 5 de abril era denunciada una fuga de contaminación radioactiva en la central nuclear de Ascó (Tarragona, España), que al parecer se habría producido durante la última recarga de combustible nuclear, en octubre del año anterior. El 4 de junio, la Comisión Europea activó nuevamente el sistema comunitario de alerta nuclear, tras un incidente en la central eslovena de Krsko, al suroeste de aquel país, debido a una fuga de 10 mil litros de refrigerante, y que obligaron a parar la central inmediatamente. El 7 de julio en la región Roman-sur-Isère en el sureste de Francia, se produjo un vertido de 74 kilos de uranio. Once días después, la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) francesa detectó nuevos vertidos radiactivos en la misma usina. El 29 de julio esa planta nuclear reporta la tercera fuga radiactiva en menos de un mes. Los problemas en Tricastin llevaron al ministro galo de Medio Ambiente, Jean-Louis Borloo, a reconocer que se registraron unos 115 incidentes menores en las 59 centrales nucleares del país. Finalmente el pasado 24 de agosto en la central nuclear de Vandellós II en Tarragona, España, se produjo un incendio que motivó la declaración de prealerta del Plan de Emergencia Interior (PEI). En este contexto en anuncio realizado por los presidentes de Brasil y Argentina resulta preocupante. Más a la luz de la propia experiencia que han debido afrontar estos países en la construcción de sus plantas, Atucha II y Angra III, que han estado detenidas por más de dos décadas. La única explicación plausible es que, en realidad, la apuesta de Brasil esté más vinculada a una estrategia geopolítica, orientada a ingresar en el “club” de las potencias nucleares pensando más en fines militares que energéticos. No en vano Brasil incluye en el paquete nuclear una planta de enriquecimiento de uranio, instancia necesaria para la alimentación de las armas atómicas. -

G. Honty es analista de información en temas de energía y cambio climático en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Montevideo, Uruguay.

Fuente: No a la Mina http://www.noalamina.org

El Gobierno de New Brunswick implementa normas para la minería y la exploración de uranio

FREDERICTON- El gobierno de New Brunswick está imponiendo nuevas normas para ayudar a acallar la preocupación popular ante la sorpresiva estampida de exploración de uranio en la provincia, pero los críticos dicen que las medidas van más allá y la oposición está presionando para lograr una moratoria plena.

El Ministro de Recursos Naturales Donald Arsenault anunció el viernes que la exploración y la minería de uranio están prohibidas en determinadas cuencas, en los municipios y dentro de los 300 metros de las residencias o edificios institucionales.

El número de denuncios para explorar uranio en New Brunswick sea ha más que triplicado en los últimos tres años a medida que el precio del mineral radiactivo subía junto con el renovado interés de la energía verde por parte de las plantas de energía nuclear.

A comienzos de año, algunos propietarios quedaron atónitos al encontrar estacas o banderas dentro de sus propiedades a medida que los ansiosos prospectores avanzaban sobre las áreas residenciales.

Al menos cuatro compañías, incluida Vale Inco con sede en Toronto, están buscando uranio en la provincia.

El viernes, el ministro dijo que toda la actividad minera en propiedad privada será suspendida por varios meses hasta que los cambios se implementen y la provincia también introducirá un sistema de map-staking online.

“Los propietarios deberán dar su autorización para que las compañías mineras entren en sus tierras”, dijo el ministro.

Arsenault dijo que las normas eran retroactivas, lo que significa que cualquier denuncio anterior dentro de las áreas recientemente restringidas está vedado.

El miembro de la oposición Carl Urquhart dijo que las medidas eran muy tímidas.

“Los habitantes de New Brunswick no quieren minería de uranio”, dijo. “Ellos no quieren ninguna clase de exploración de uranio en la provincia”.

Urquhart representa el área Harvey al sudoeste de Brunswick, donde hay significativas reservas de uranio.

El dijo que los cambios no hacen nada para proteger a la gente de las áreas rurales como la que él representa, y la eliminación de las marcas de denuncio sólo esconde la cuestión.

“Ellos pueden efectuar su denuncio online”, dijo él. “Es como una operación encubierta”.

Grupos ambientalistas de New Brunswick piden una inmediata prohibición de la exploración de uranio.

Los representantes de cerca de 30 organizaciones firmaron recientemente un comunicado solicitando una política minera no uranio, similar a la moratoria ya en vigor en Nueva Escocia y Columbia Británica.

En Nueva Escocia, las normas exigen que la exploración de uranio cese si se detectan en un sitio concentraciones de uranio superiores a 100 partes por millón.

En New brunswick, las recientes sesiones informativas con propietarios preocupados de las áreas de Fredericton y Moncton se convirtieron en protestas emotivas protestas as los funcionarios públicos fueron abucheados por los residentes locales.

El Premier Shawn Graham dijo que comprende las preocupaciones, pero no quiere normas que regulen la prospección de uranio como las de Nueva Escocia, que según él se interponen a los esfuerzos por encontrar otras reservas de por ejemplo oro, cobre y plomo.

Entretanto, David Plante de Canadian Manufacturers and Exporters (Fabricantes y Exportadores Canadienses) dijo que las compañías mineras pueden convivir con los cambios en New Brunswick.

“Reconocemos que hay gran ansiedad ahí afuera alrededor de este tema del uranio, y lo que vemos aquí es un paso del gobierno para responder a estas preocupaciones”, dijo él.

Arsenault dijo que mientras el gobierno provincial planea poner más presión a la legislación minera para proteger a la población, tiene que haber un balance debido a la importancia del sector minero en la economía de New Brunswick.

La producción minera en New Brunswick alcanzó cerca de $ 1.6 millones en 2007 y la provincia recaudó casi $ 126 millones en impuestos a la minería.

Fuente: The Canadian Press Julio 6, 2008

Argentina: Potosí del Siglo XXI

Políticas activas para el saqueo de los bienes naturales

Uno de los sectores económicos que más creció en el período 2003-2007 es el de las inversiones en proyectos mineros. Según información de organismos de gobierno, el crecimiento del sector, con un 253% en el período, quintuplica el del conjunto de la economía, alcanzando una participación en el PBI de más del 7 por ciento. Estas inversiones, atraídas por la alta tasa de rentabilidad, son realizadas por grandes capitales extranjeros -en su mayoría norteamericanos, australianos y británicos-, entre ellos la compañía Barrick Gold, cuya propiedad se le adjudica a la familia Bush. Funcionarios de alto nivel de la administración kirchnerista explican la política hacia estas empresas.

“La planificación y ejecución de acciones políticas en el marco del Plan Minero Nacional, con la activa participación y compromiso de todos los actores del Sector, nos ha permitido sentar las bases para el desarrollo de la minería de los próximos 50 años”, informa el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, desde el sitio oficial de la Secretaría de Estado. “La actividad continuará creciendo a niveles históricos, superando nuevos récords en inversiones, proyectos, empleos, producción y exportaciones, siempre en un marco de sostenibilidad social y sustentabilidad ambiental. El desafío hoy es No Claudicar. Debemos continuar trabajando juntos para hacer realidad el anhelo de construir una actividad más próspera que consolida un país más equilibrado y con mayores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes”.

Semejantes definiciones de apoyo a una actividad que se caracteriza por ser altamente contaminante no representan una excepción; se encuentran en plena coincidencia con lo expresado desde la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (ADI), creada en 2006 por el ex presidente Néstor Kirchner. En el sitio del organismo, publicitado significativamente como “ProsperAr. Invest in Argentina. Su socio para invertir y prosperar en Argentina” se explica que “desde la Agencia queremos contribuir a que inversión en Argentina y prosperidad sean sinónimos” (negritas en el original). “Para Prosperar, trabajaremos por un ambiente de inversión vigoroso, comunicando al mundo la propuesta de valor de Argentina, y contribuyendo a una integración activa a los flujos de inversión y comercio internacional (...) ”. Como parte de esa tarea, ofrece algunas definiciones importantes sobre el proyecto económico del gobierno. “Desde ProsperAr trabajamos en un marco de vinculación y colaboración público privada para que la inversión y la innovación sean los motores del desarrollo sustentable con inclusión social. Para lograrlo hay que seguir avanzando en un sendero de crecimiento macroeconómicamente sustentable, y articular consensos para potenciar las ventajas de una economía exportadora basada en los recursos naturales y en la eficiencia productiva”. El sitio también explica que “el perfil industrial argentino se caracteriza por presentar”, entre otros aspectos, “elevados índices de productividad laboral”, “orientación exportadora” y “elevada presencia de firmas transnacionales”.

En una suerte de “pasen y lleven” de alto nivel, la Agencia destaca algunas ventajas ofrecidas a las corporaciones extranjeras. Entre estos argumentos promocionales pueden incluirse que “Argentina se caracteriza por la abundancia y calidad de sus recursos naturales, constituyendo una de las fuentes más importantes de América Latina y el mundo”. También resulta sugestivo el uso de distintos eufemismos, como por ejemplo que “el costo laboral de trabajadores calificados es competitivo (sic) en relación a otras ciudades del mundo”.

Similar información contenía un material publicitario elaborado en septiembre de 2005 por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME del Ministerio de Economía, titulado “Invertir en Argentina - Minería”, que misteriosamente fue sacado de circulación de los sitios oficiales, aunque obra en nuestro poder y también se lo puede encontrar en el sitio www.uranionogracias.com.ar. En el informe, la oferta incluye como puntos principales “Amplia disponibilidad de recursos mineros”, “Adecuado Marco Legal”, “Importante Régimen de incentivos”, “Existencia de recursos humanos altamente calificados”, “Costos competitivos Internacionalmente en los servicios públicos y la mano de obra”, “Eficiente sistema de Información y “Las más altas tasas de retorno en proyectos de oro y cobre”. Y entre otras perlitas, plantea que “a diferencia de lo que sucede en otros países como consecuencia de los derechos de aborígenes y temas relacionados con los parques nacionales, en Argentina hay muy pocas barreras para acceder a las áreas mineras”. Lo cual es cierto: el proyecto Veladero, en San Juan, está asentado sobre 100.000 hectáreas del Parque Nacional San Guillermo, que a pesar de ser declarado como Reserva Mundial de Biosfera está sufriendo graves daños respecto a sus glaciares, ríos, flora y fauna.

Paradójicamente, no se conoce que los apoyos “por izquierda” del gobierno hayan denunciado esta política por “vendepatria” o antipopular, ni que se movilicen en consecuencia. Por el contrario, hasta el momento la reacción de las comunidades ha sido el único contrapeso a una política que involucra al conjunto de gobernadores del PJ, algunos de los cuales –como el sanjuanino Gioja, jefe político del secretario Mayoral- poseen intereses en el sector. Las asambleas de vecinos autoconvocados, que en catorce provincias argentinas enfrentan estas políticas de saqueo y destrucción de los bienes comunes, han tenido que sobrellevar también distintos mecanismos de represión, como aprietes de punteros políticos y burócratas sindicales y amenazas y persecuciones del poder judicial, además de una frondosa billetera dispuesta a comprar las voluntades de los pueblos.

Sin embargo, hasta el momento han logrado que seis provincias prohíban la minería a cielo abierto, demostrando los graves perjuicios sobre el agua –principal insumo utilizado por las compañías, sin ningún costo-, el aire y en general la rica biodiversidad del país, que afectan las actividades regionales e incluso la salud humana.

En relación específicamente a la minería, y obviando todas las evidencias contra la pretendida sustentabilidad del sector, la información que provee actualmente la ADI retoma el informe de 2005, explicando que “la superficie estimada con potencial minero ronda los 750.000 km2 de los cuales resta explotar el 75%. En el ranking de disponibilidad de recursos mineros, Argentina ocupa el 6º lugar (de acuerdo al Mining Journal). Existen importantes depósitos de clase mundial de oro, cobre, plomo, zinc, boratos naturales, bentonita, arcilla y rocas ornamentales. La mayor parte se encuentra a lo largo de los 4.500 km de la Cordillera de los Andes. La puesta en producción de algunas minas produjo un proceso de transformación e inserción internacional sustentado principalmente en el desarrollo de los recursos metalíferos. Esto ha implicado un profundo cambio en la minería Argentina que pasó de inversiones y exportaciones casi inexistentes a niveles que superaron los u$s 3900 M para las primeras y los u$s 2600 M para las segundas”.

Además, publicita explícitamente los beneficios de la política fiscal para las empresas del sector (en negrita en el original): “Estabilidad fiscal por el término de 30 años”, “Doble deducción sobre el impuesto a las ganancias de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, y estudios de factibilidad técnico-económica”, “Régimen de financiamiento y devolución del IVA para bienes de capital e inversiones en obras de infraestructura física”, “Amortización acelerada para las inversiones de capital”, “Liberación de derechos de importación de bienes de capital y equipos, sus repuestos y accesorios”, “Tope del 3% del valor boca mina del mineral extraído a las regalías provinciales”, “Deducción del impuesto a las ganancias de hasta el 5% de los costos operativos de extracción y beneficio para constituir una provisión con fines ambientales”. La mayoría de estos beneficios se relacionan con el andamiaje jurídico impulsado por el gobierno de Carlos Menem, pero sostenido y perfeccionado como política oficial desde entonces.

En cuanto a las retenciones, las compañías instaladas previo al 2002 gozaron de exenciones hasta noviembre del año pasado, en momentos que se le impuso un tributo común a todas de entre el 5 y el 10%, que se mantiene vigente a pesar de que sólo en el último año el precio de los minerales aumentó más del 40%. Es de esperar que luego del conflicto con el agro, desde el gobierno se impulse la suba de estos derechos a la exportación, aunque los evidentes vínculos que mantiene con las empresas hacen pensar que todo puede pasar.

Entre las empresas beneficiadas por estas políticas se encuentran Barrick Gold, que en La Rioja quiere explotar el Cerro Famatina y en San Juan explota Veladero y quiere hacerlo con Pascua Lama, primer proyecto binacional del mundo; Anglogold (Cerro Vanguardia, en Santa Cruz); FMC Lithium (Salar del Hombre Muerto, en Catamarca), Northern Orion Resources Inc. (Agua Rica, en Catamarca), Rio Tinto (Potasio Río Colorado, en Mendoza y Arizaro/ Lindero, en Salta), Noranda Falconbridge Ltd. (Pachón, en San Juan); Silver Standard Resources (Pirquitas, en Jujuy, Diablillos, en Salta y Pórfidos Santa Cruz, en esa provincia); Xstrata (Bajo la Alumbrera, en Catamarca) y Global Cooper Inc., que quiere explotar en Mendoza el proyecto San Jorge y en Salta otro que sugestivamente lleva el nombre de Taca Taca Bajo.

En momentos en que desde distintos sectores progresistas parecen confiar más en los discursos presidenciales que en las informaciones concretas, y sostienen que estamos en presencia de un proyecto nacional y popular, las señales que continúa emitiendo el gobierno parecen ir a contramano del microclima. En medio de esa suerte de reedición de la “teoría del cerco al revés”, tal vez convendría considerar los datos provistos por las propias fuentes oficiales y vincularlos con las palabras pronunciadas por Néstor Kirchner el 23 de enero de 2004, al presentar el Plan Minero Nacional. “El sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del '90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente”, dijo el entonces presidente. “Con mayor o menor resultado según las legislaciones vigentes, en muchos casos provinciales, y también con el gerenciamiento de las propias provincias que le fue dando a la tarea que tenía que llevarse adelante en este sector el trabajo promocional o de inducción que el Gobierno Nacional tendría que haber profundizado y llevado adelante. Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, y que evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la Argentina”, añadió.

En esa oportunidad, el presidente del PJ, no sólo reivindicó la legislación de “la nefasta década de los 90” –incluso corriéndola por derecha- sino que marcó el rumbo estratégico en la materia. “El sector minero puede ayudar muchísimo para el desarrollo argentino, para el crecimiento productivo, del empleo, de las exportaciones, para el ingreso de divisas”, señaló a las corporaciones. “Así que nosotros desde el Gobierno Nacional vamos a jugar fuertemente a apoyar al sector, dispuestos también a escuchar permanentemente la visión del sector para tratar, como siempre, en la verdad relativa que tiene cada uno, de encontrar puntos permanentes de renovación que nos permitan estar adecuados a las probabilidades y a garantizar las perspectivas de rentabilidad”.

“Señores, nosotros agradecemos profundamente, avanzamos seriamente en el marco de esta inversión, lanzamos los parámetros concretos, las visiones, las perspectivas que tenemos, pero todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar, porque creemos en la Argentina industrial, productiva y en el desarrollo de nuestras riquezas”. A juzgar por los resultados, hasta el momento ese desarrollo ha sido bastante exitoso.

Fuente: Prensa de Frente

Denuncian Censura a TN Ecología

La última edición de TN ECOLOGÍA, dedicada enteramente a la problemática de las explotaciones mineras a cielo abierto, fue sacada del aire en la provincia de San Juan.
Abonados al operador de cable en la provincia, Super Canal, propiedad del grupo Vila-Manzano, denunciaron que la señal fue interrumpida durante la emisión del sábado a la tarde. También se quejaron televidentes de Tucumán y Catamarca por interferencias en el transcurso del programa.
El trabajo especial incluyó una síntesis del contexto legal en que se desarrolla la actividad y entrevistas a diferentes actores. Entre ellos a representantes de la minería y también a opositores de los proyectos.
La Gran Minería es una de las cuestiones centrales que hace falta debatir en el país.
Si las denuncias de censura resultan fundadas habría que determinar de quién es la responsabilidad.
Si efectivamente el documental fue objeto de manipulación, por parte del gobierno provincial o las operadoras de cable locales, estaríamos frente a un acto que subestima a los ciudadanos tratando de imponer qué contenidos resultan convenientes y cuáles no.

Una Senadora Nacional Apoya Nuestra Lucha

La amenaza del uranio
Los cordobeses tenemos razones más que suficientes para oponernos a la nueva posibilidad de desarrollar en el territorio actividades asociadas al mineral.
Haidé Delia Giri
Senadora de la Nación

Hace muy poco, diferentes grupos ambientalistas y vecinos del Valle de Traslasierra me hicieron llegar su preocupación y alarma ante la posible extracción de uranio en una vasta región de la Pampa de Achala, provincia de Córdoba.
Les confieso que mi primera reacción fue la de cualquier ciudadano, es decir, una profunda sensación de temor ante la sola mención de la palabra uranio. Tristes experiencias registra el mundo por el uso de la energía nuclear alimentada por uranio, pensé.
Después del primer impacto me pareció que el tema ameritaba una investigación más profunda, al menos para mí, que provengo de otra disciplina. Mi responsabilidad como senadora de la Nación me exige emitir opiniones sensatas y fundamentadas.
Cada vez que se habla de cuestiones de protección ambiental, aparecen “las de cal y las de arena”. Intereses que se contraponen, detractores y defensores a ultranza. Los fundamentalismos a la orden del día.
En la década del ‘90, por decisión del Gobierno nacional, se suspendió la producción de uranio en el país. Desde entonces, Argentina importa 130 toneladas de este mineral por año, a un costo estimado en 36 millones de dólares. Con la crisis petrolera, el precio del uranio subió de 25 dólares el kilogramo a 312 dólares por kilo. Fuentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), aseguran que producirlo aquí costará menos de la mitad de aquel valor y generará cientos de puestos de trabajo.
El Gobierno nacional, por su parte, ha reafirmado la voluntad de continuar el Plan Nuclear Argentino y además, en febrero de 2008, Argentina y Brasil firmaron un convenio para crear una empresa binacional con el fin de producir uranio enriquecido a escala industrial. Todo esto pareciera indicar que la necesidad nacional de producir este mineral es un hecho cimentado en una política pública.
Una decisión difícil. Cabe preguntarse entonces, dónde y cómo extraerlo y con qué tecnología procesarlo. Prever impactos y consecuencias, conservar la calidad de vida de la población, defender las economías regionales y promover desarrollos sustentables.
Actualmente, pese a los riesgos que implica, muchos países consideran a la energía nuclear como una energía “limpia” y la utilizan como principal proceso de generación de electricidad (Japón, Estados Unidos, entre otros). Otros, en cambio, están convencidos de su peligrosidad y optan por otras formas de producir energía (eólica, solar).
Tal vez la pregunta obligada sea ¿a dónde derivan los residuos estos países como Japón y Estados Unidos? Ésta es una cuestión central. Los que conocen del tema afirman con certeza que el uranio genera pasivos ambientales que continúan siendo radiactivos por millones de años. Esto, además de ser un riesgo para la salud es, por otra parte, una posibilidad latente de accidentes nucleares. Si esto ocurriera, un reactor se vuelve incontrolable, produciendo una explosión como si fuera una pequeña bomba atómica. Y vaya si el mundo tiene presente esta tragedia con la experiencia en Chernobyl.
Ahora bien, ¿quién toma la decisión acerca de dónde extraer uranio? La Constitución Nacional establece en su artículo 128 que “corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. ¿Debe Córdoba, con esta potestad soberana que le confiere la Carta Magna, seguir permitiendo que en su territorio se desarrollen este tipo de actividades mineras? ¿Acaso no es suficiente el conflicto que nuestra Provincia mantiene con la Comisión Nacional de Energía Atómica por los pasivos ambientales que quedaron en la zona de los Gigantes como consecuencia de la explotación de uranio entre 1982 y 1990 con el riesgo que ello implicaba para el río San Antonio, afluente del lago San Roque, del que nos proveemos de agua potable los cordobeses de la Capital? ¿Y las toneladas de residuos radiactivos que se guardan en dudosas condiciones en el barrio Alta Córdoba, a la espera de que este mismo organismo les dé un destino que mejore la calidad del ambiente?
Creo que los cordobeses tenemos razones más que suficientes para oponernos a una nueva posibilidad de desarrollar en el territorio actividades asociadas a la extracción y procesamiento de uranio. Actualmente la Cnea solicitó autorización a la Secretaría de Minería de la Provincia para explorar este mineral en una zona ubicada 40 kilómetros al nordeste de Villa Dolores. El área coincidiría en el 80 por ciento con la reserva hídrica de la Pampa de Achala y abarcaría una extensión de casi cinco mil hectáreas.
A esta altura de los acontecimientos, conviene recordar que la Pampa de Achala es una especie de gran “esponja” que se carga de agua durante el período de lluvias y alimenta durante todo el año a un conjunto de ríos que representan la cuenca acuífera más importante –en realidad, la única– del centro del país. Esta vital reserva hídrica es, además, una región dedicada principalmente al turismo y a la agricultura alternativa, con productos que en muchos casos tienen valor agregado por su condición orgánica.
La salud en riesgo. Muchos afirman que Argentina necesita extraer y procesar uranio. La tendencia de futuro, según ellos, es que la mayoría de los países utilizarán reactores nucleares para abastecerse de energía eléctrica. Se trata de una “energía limpia”, dicen, con tecnología desarrollada. Si esto fuera así, lo cual personalmente me genera más dudas que certezas, lo que resulta inaceptable es que esa extracción se produzca allí donde grandes masas de población se abastecen de algo tan vital como el agua, o donde las economías regionales han ido conformando un perfil turístico o productivo que un emprendimiento de esta naturaleza echaría por la borda. Y lo que es más, el riego para la salud de la gente ¿no cuenta?
Acompaño a todos los que se movilizan ante esta posibilidad de extracción de uranio en esta Provincia y pido a quienes tienen el poder soberano de tomar decisiones, sensatez en las mismas. Córdoba, nuestra Córdoba, no soporta más medidas que vulneren su ambiente y ataquen la calidad de vida de sus pobladores. Es altamente riesgoso repetir experiencias similares a las que todavía no podemos remediar. Los Gigantes, la planta de Alta Córdoba, aún esperan soluciones más apropiadas.
Si Argentina necesita extraer uranio, debe hacerlo en lugares alejados de centros urbanos, o de zonas en donde se consolida un perfil productivo respetuoso y consecuente con la protección de la naturaleza, o de cuencas de agua potable y otras reservas, Toda política pública que se desarrolle en este campo debe apuntar a la búsqueda de consensos y de herramientas más que cuidadosas, que hagan de la explotación minera una actividad compatible con el bienestar general.

lunes 5 de mayo de 208
publicado por: La Voz del Interior

Otro Pedido de Informes al Ejecutivo Nacional

Merced a las diversas manifestaciones públicas que desde un tiempo a esta parte han venido realizando vecinos de Nono y de otras localidades del Valle de Traslasierra, frente a la posibilidad de explotación de uranio en una zona situada a unos 40 kilómetros al nordeste de la ciudad de Villa Dolores, en la sierras de Achala, el senador Carlos Rossi, elevó al Poder Ejecutivo Nacional, un pedido de informes solicitando se indique si se estarían realizando cateos en esa zona, destinados a la detección para la explotación del mineral referido. En esa línea, la iniciativa requiere se indique que, si afirmativamente se están llevando a cabo estudios de campo para ese tipo de explotación, se precisen los lugares, métodos y nombre de las empresas involucradas; y si esos trabajos de sondeo implican riesgos de contaminación para el medio ambiente. Por otra parte, el pedido de informes solicita se ponga en conocimiento además, en qué etapa de cumplimiento se encuentra el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU) respecto a la restitución ambiental de la mina de Los Gigantes, como así también sobre la definitiva erradicación de la planta de Dioxitek ubicada en un barrio céntrico de la ciudad de Córdoba.
En los fundamentos de la iniciativa se pone de manifiesto como destacable, el hecho que el 80 por ciento del área dónde se podría realizar la explotación, coincide con la Reserva Hídrica de Pampa de Achala, razón por la cual, si los trabajos se confirman, las consecuencias serían catastróficas ya que se dañaría irreversiblemente al Río Chico de Nono y las nacientes del Río Mina Clavero, ambos alimentadores del Dique de La Viña, que a su vez provee de agua potable a la ciudad de Villa Dolores. Además, el pedido del legislador cordobés ha tenido en cuenta distintos documentos en los que se consta la solicitud de un permiso de exploración por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica a través del expediente 1924/06 elevado ante la Dirección de Minería de la Provincia, y amén de las jurisdicciones que comprenden a este tipo de actividades, es de destacar que, en 1992 y mediante la ordenanza 025 de ese año, el municipio de la localidad de Nono declaró "Zona No Nuclear" a toda la región, luego de algunas prospecciones realizadas en esa oportunidad.

Niños Mendocinos Por La Vida

04/05/2008 06:43 PM
Muestra artística escolar para la toma de conciencia sobre la explotación de uranio
San Rafael, Mendoza, Argentina.
Desde el 24 de abril hasta el 4 de mayo se realizó en el Centro Cultural Borges una exposición de dibujos y pinturas realizados por más de 700 estudiantes de octavo y noveno año del polimodal de las escuelas públicas y privadas de la ciudad y de zonas rurales. La muestra, denominada “Todos tenemos derecho a un ambiente sano”, permitió que los niños expresaran su rechazo a la reapertura y explotación de la mina de uranio de Sierra Pintada.La muestra, organizada por la ONG Multisectorial del Sur y la fundación Valentín Bianchi, reúne los 20 mejores trabajos de un concurso realizado entre alumnos de las escuelas de San Rafael.Del mismo participaron más de 700 estudiantes de octavo y noveno año del polimodal de las escuelas públicas y privadas de la ciudad y de zonas rurales. La idea central fue unir el arte y el interés por los problemas ambientales bajo el lema "Todos tenemos el derecho a un ambiente sano".Un jurado presidido por el maestro Nicolás García Uriburu e integrado por Juan Schröder (Multisectorial del Sur), Valeria Traversa (Centro Cultural Borges) y María del Carmen Márquez (por los docentes de Plástica de San Rafael) seleccionó los 20 mejores trabajos."Todos tenemos derecho a un ambiente sano y ante esta realidad que preocupa a toda la humanidad sobre el deterioro y destino de nuestro planeta, me pareció interesante participar como jurado en la selección de obras realizadas por adolescentes sobre esta temática", expresó García Uriburu.El destacado artista, conocido por su actividad a favor de la protección ambiental, contó también que, cuando fue a San Rafael, "tuve la grata sorpresa de ver el nivel de compromiso de chicos provenientes de zonas rurales así como de centros urbanos ante esta problemática que se nos plantea frente al equilibrio entre el hombre y la naturaleza. A partir del mes de abril podremos ver estas obras en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires y valorar la frescura de su mensaje. Trabajar con disparadores que alerten la conciencia de los jóvenes es una buena manera de intentar cambiar la realidad futura".Cuando se lanzó el concurso, se entregó a cada escuela de la zona información sobre los problemas más acuciantes del planeta en general ylos de San Rafael en particular. En este caso, se planteó, fundamentalmente, la situación actual de la mina de uranio de Sierra Pintada, el impacto negativo de la megaminería o minería contaminante, la necesidad de proteger las reservas acuíferas y la deforestación.El Complejo Minero Fabril de Sierra Pintada es una mina de uranio de explotación a cielo abierto, ubicado a 35 km de la ciudad de San Rafael, en la cuenca hídrica que abastece de agua a la ciudad y zonas aledañas a través del Río Diamante. Comenzó a explotarse en la década del 70 y fue abandonada en 1995.En el lugar quedaron almacenados, sin tratamiento alguno, 1.700.000 toneladas de residuos radioactivos. Desde entonces, nada hizo la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), propietaria del predio de Sierra Pintada y que se encargó de la explotación en su momento.Hace cuatro años la CNEA y el estado nacional intentaron reabrir la mina y continuar con la extracción de uranio, pero las acciones de la comunidad de San Rafael lograron retrasar la reapertura. Se sigue reclamando las remediación total de los residuos radiactivos y el cierre definitivo de la mina.

publicado por www.noalamina.org