Reproducido por gentileza de Le Monde diplomatique, “El Dipló”, Edición Cono Sur.
Le Monde diplomatique / el Dipló / Agosto 2008
EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Nicolás Gutman* y Roberto Adaro**
Inauditos privilegios de la minería
Una de las industrias más energético-intensivas del planeta, la minería
consume entre el 7% y el 10% de la producción mundial de energía.
Las empresas que operan en Argentina, un país al borde de una crisis energética grave, gozan no obstante de subvenciones al
precio de la energía, además de una ridícula imposición fiscal y total
ausencia de controles. Se trata de una aviesa inversión de la lógica.
En Estados Unidos la minería utiliza 25 cuatrillones de BTU anuales, lo suficiente para dar energía a 25 millones de hogares o un cuarto de la población del país (1). En Chile, la actividad minera representa el 33,7% del total del consumo eléctrico (2).
En Argentina, es difícil acceder a datos sistemáticos y confiables, pero se
puede hacer una aproximación a través de las propias declaraciones de las empresas en sus informes de impacto ambiental, y del consumo de minas ya operativas.
El primer emprendimiento minero a cielo abierto en iniciar su explotación en
Argentina, la mina Bajo la Alumbrera en la provincia de Catamarca es el mayor consumidor individual de energía eléctrica del país (según los datos disponibles, la empresa declara consumir 150 MW) (3); representa el 86% del consumo de los grandes usuarios de Catamarca y el 35% del consumo
industrial de todo el Noroeste (4).
La mina a cielo abierto Pascua Lama, proyecto binacional de la multinacional
canadiense Barrick Gold en el límite con Chile de la provincia de San Juan, prevé una demanda promedio de energía de 110 MW, con una demanda máxima de 123 MW, según lo estimado en su Informe de impacto ambiental. Estos MW serán provistos por la conexión a la red de suministro(5). La demanda mensual de combustibles en la fase operacional sería de
3.150.000 litros de gasoil y 60.000 litros de nafta por mes durante 21 años.
Las cifras declaradas de tres de los principales emprendimientos son de un consumo de 150 MW en el caso de la Alumbrera; 110 MW en el de Pascua Lama y 135 MW previstos para Agua Rica; un total de 395 MW. Para tener una idea: la central nuclear de Atucha I produce 357 MW. Para completar la idea sólo hace falta multiplicar estas cifras por los más de 275 proyectos
en preparación anunciados en 2006 por la Secretaría de Minería de la Nación.
Cada nueva mina a cielo abierto equivale a la incorporación de una ciudad
de 300.000 habitantes a la red de suministro. Una ciudad de ese tamaño consume 100 MW, menos que el consumo de cualquiera de los tres grandes proyectos mencionados. A cambio, esas empresas “contribuyen” a las arcas nacionales con una raquítica regalía sobre los recursos extraídos, que no supera el 3% por ley. Además, liquidan todas las divisas en el exterior y
dejan un pasivo ambiental que requerirá de una capacidad técnica que Argentina está muy lejos de disponer.
Es difícil saber cuál será realmente el consumo energético del sector minero en Argentina, ya que se encuentra en un estado de desarrollo muy incipiente. Dependerá de cuantos proyectos resulten aprobados y finalmente explotados. Por otra parte, las necesidades de consumo energético varían según las condiciones climáticas, las características técnicas, el tamaño de cada proyecto, la cantidad y tipo
de metal a extraer, etc.
Mina de carbón, Río Turbio, ca. 1950 (Gentileza Banco Bice)
Pago a las multinacionales
En un país marcado por ciclos que fluctúan entre fuertes crisis económicas que impiden mantener e invertir en infraestructura, y rápidas expansiones que crean cuellos de botella en varios sectores, la energía es un sector clave. Tanto, que hoy está en el centro de las pujas políticas y debates para
definir responsabilidades por la crisis energética.
Mientras el debate en los medios de comunicación está enfocado en la
búsqueda de culpables por la falta de inversión para cubrir la demanda de energía, pocos mencionan cómo se distribuye la existente y quiénes se benefician.
El mundo del revés:
los ciudadanos de los países pobres
subvencionan a las mayores
corporaciones internacionales.
En abril de 2005, el Dipló anunciaba en su portada: “Argentina camino a un
colapso energético”. Agregaba que las reservas comprobadas de petróleo y gas sólo cubrirían 11 y 15 años de demanda respectivamente (6). Este cuadro de situación, ratificado luego, es especialmente grave, porque desnuda en primer lugar que existe una política pública errática y coyuntural
respecto de cómo utilizar la escasa energía generada y quiénes y cuánto deben pagar para acceder a ella. Un estudio publicado por el diario Clarín de Buenos Aires en mayo de 2008 muestra en un análisis comparativo de la región que “el Índice Monitor de Precios de la Energía (IMPE) mide la distorsión de precios de la canasta energética argentina (petróleo, combustibles, gas y electricidad) dando un valor que si para América Latina es de 1 peso, en Argentina es de 0,31, por lo que habría que multiplicar
por tres los precios de la canasta energética para estar en los mismos niveles
que nuestros vecinos” (7). Mientras el precio del litro de nafta en el país es de 2,40 pesos, en Chile es de 4,70 y en Perú 4,91; el gas para uso industrial se paga aquí 0,39 pesos por m3, en Chile 3,10 y en Brasil 1,69, en tanto que la energía eléctrica cuesta aquí 31,3 milésimas de dólar por KWh, mientras los brasileños pagan 104,7; los panameños 140,2; los mexicanos 109,4 y los chilenos 100,5.
Esta diferencia no se debe, como podría pensarse, a que Argentina sea rica en recursos energéticos, sino a una política oficial de subvención de precios que busca contener la inflación y el alineamiento de los costos productivos locales con los internacionales. Pero esto supone un enorme esfuerzo para todos los contribuyentes argentinos. Cada peso de subvención a la energía actual se multiplicará al menos por tres cuando, en unos años, haya que importar energía por agotamiento de los recursos existentes y la demanda exceda la capacidad instalada. En el primer trimestre del año, los subsidios que la Administración Nacional destinó al sector energético totalizaron 2.548 millones de pesos, por lo que en 2008 y teniendo en cuenta el pico de demanda en el invierno, no será menor a 9.000 millones de pesos.
Devoradoras de energía barata
Hace 8 años, por una Resolución de la Secretaría de Energía y Minería de la República Argentina (Nº 174/2000) se constituyó el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), financiado por un incremento
en la tarifa eléctrica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la ley
25.401. El FFTEF destina la mayor parte de su inversión a las obras del Plan Federal de Transporte (PFT). También llamada Línea Minera, la línea es un tendido eléctrico de 500 Kv que une varias provincias andinas y está esencialmente destinado a servir a los grandes proyectos mineros. En su trayecto incluye a Chilecito y Aimogasta en la provincia de La Rioja; a Belén y Andalgalá en Catamarca y finalmente a Barreal y Pachón en San Juan, todas localidades donde se están gestando los próximos grandes
emprendimientos mineros.
Esto significa que todos los contribuyentes aportan para que unas pocas empresas multinacionales accedan a gigantescas
cantidades de energía a muy bajo costo (8). En la provincia de San Juan, las
boletas de luz tienen especificado el ítem “Fondo para la línea de interconexión en 500 Kv”. El mundo del revés: los ciudadanos de
los países pobres subvencionan a las mayores corporaciones internacionales.
La escasa oferta energética actual, incluyendo la energía que se compra en
el exterior y se vende subvencionada internamente, debería destinarse a sostener la recuperación industrial del país. Sin embargo, las compañías mineras, gracias al marco regulatorio legal e institucional, no solamente acceden a la energía subvencionada, sino que además no pagan
impuestos por ella. Es el caso de los combustibles líquidos: además de comprarlos a precios subvencionados, estas empresas están exentas de pagar los impuestos que todos los ciudadanos y el resto del sector industrial sí deben pagar (Decreto 377/1998). El Estado, mientras tanto, importa combustibles para abastecer a las centrales térmicas.
Impuestos de broma
La falta de inversión en el sector energético, tras muchos años de estancamiento económico, y el fuerte incremento de la demanda en un breve período debido a la recuperación poscrisis del 2001, deja al país frente a
un juego que por el momento es de suma cero. Una oferta energética cada vez más escasa ante una demanda cada vez mayor conduce inexorablemente, a término, al aumento de precios, lo que impactaría de lleno en la inflación y quitaría competitividad a la economía argentina. En esta situación se debería priorizar el acceso a la energía a las industrias que tengan mayor incidencia en el crecimiento y el empleo, transferencia de tecnología y creación de valor agregado y pago de impuestos que sirvan para la inversión pública en el sector energético.
Desde la sanción del marco regulatorio legal, en la década de 1990, durante
el gobierno peronista de Carlos Menem, el sector minero es el que recibe las mayores ventajas impositivas, sólo superado por la especulación financiera, que no tiene carga alguna, en contraste con el resto de los sectores
económicos.
En diciembre de 2007, en un contexto de constante alza de los precios internacionales del oro, la plata, el cobre y la mayoría de los metales, el entonces presidente Néstor Kirchner resolvió cobrar retenciones
a las exportaciones mineras, situando la alícuota fija entre un 5% y un 10% según el metal en cuestión. Pero teniendo en cuenta las ganancias extraordinarias de esas empresas debido a los precios internacionales
actuales y, principalmente, a las transferencias en su favor que representan las distintas exenciones y fuertes desgravaciones impositivas, parece claro que esas tímidas imposiciones son insuficientes.
No es un dato menor que las empresas mineras paguen sus ridículos impuestos a través de una declaración jurada, y esto luego de realizadas las exportaciones. O sea que el Estado argentino no ejerce control alguno sobre la actividad de esas empresas y sus recursos no renovables.
El predominio que detentan los intereses privados en el sector minero argentino contrasta con la situación a nivel internacional respecto de recursos considerados estratégicos, como los minerales y la energía. Mientras el Código de Minería argentino prohíbe al Estado explotar los minerales del territorio nacional (Art. 9), países como Rusia, China y Brasil avanzan en sentido contrario. China se ha lanzado por el mundo a invertir en minería a través de sus bancos y empresas estatales o asociadas. A través de Vale do Rio Doce, la segunda minera más grande del mundo (empresa privada mayormente de capitales brasileños, pero de origen estatal, en la que Brasilia mantiene influencia en las decisiones estratégicas), Brasil trata de asegurarse la provisión de insumos minerales estratégicos.
En Chile, ni la férrea dictadura pinochetista se atrevió a privatizar Codelco, la
empresa nacional de cobre, en tanto que Bolivia y Venezuela tomaron el control de sus recursos minerales.
Esas empresas “contribuyen” a las
arcas nacionales con una raquítica
regalía sobre los recursos extraídos.
Cabe preguntarse por qué países como Brasil, India o China, los próximos
grandes actores de la economía mundial, van en dirección contraria a la de Argentina respecto de la explotación de sus recursos naturales. Una respuesta son los personajes que vienen diseñando la política pública minera desde hace casi dos décadas. Un pequeño grupo compuesto por familiares y amigos que ha logrado, sobre todo durante el peronismo menemista, traspolar las formas de relaciones nepóticas de poder de las provincias más pobres a la esfera de la política de Estado.
El actual gobernador de San Juan, José Luis Gioja, también empresario minero y miembro de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, fue Diputado Nacional (1991-95) y actor clave en la reforma del marco regulatorio legal
minero de 1994. Su hermano Juan Carlos Gioja es actualmente vocal de esas mismas comisiones en la Cámara Baja. El tercer hermano Gioja, César, preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara de Senadores de la Nación y es propietario de otra empresa minera, Bentonitas
Santa Gema, proveedora de los grandes proyectos en el país. El actual secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, sanjuanino también, actúa más como empresario que como funcionario que vela por un desarrollo minero que contemple las complejas contradicciones sociales, ambientales
y económicas de la gran minería. Mayoral es también empresario minero, tal como se desprende de la Resolución de la Oficina Anticorrupción, OA/DPPT No 97/03, donde se establece la improbable tarea de abstenerse
de tomar intervención en asuntos relacionados con las empresas Micas Argentinas S.R.L.; Minvail S.A. y Millstone S.A., de las que es parte, e investigar si ha incurrido en incompatibilidades en el desempeño de su cargo como funcionario público según la Ley de Ministerios.
La política oficial argentina sobre recursos naturales, en este caso de la minería, es la siguiente: conceder todos los recursos al mejor postor, casi siempre corporaciones extranjeras, ofreciéndoles un marco legislativo que no contempla regulaciones efectivas en cuanto al impacto ambiental y social, con leyes declamativas que no se pueden efectivizar por falta de recursos y conocimiento técnico. Mientras Brasil va camino de convertirse en una
potencia de peso propio, con compañías estatales o mixtas explotando petróleo, gas y minerales, Argentina va camino de componer el tango de siempre: somos ricos, tenemos de todo… pero nos va mal.
1 Earthworks and Oxfam America, “Dirty metals, mining,
communities and the environment”, 2004.
2 Instituto Nacional de Estadísticas de Chile,
www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/
energia/300608/energiamayo08.pdf
3 Declarado en la página de internet de la Comisión de
Minería de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
4 Diario El Ancasti, Catamarca, 6-8-07.
5 Ref. Nº SA202-00027/3-4, Rev 0, julio de 2006, Secretaría
de Estado de Minería de San Juan, www.mineria.
sanjuan.gov.ar/index.php
6 Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “Argentina
camino a un colapso energético”, Le Monde diplomatique,
Buenos Aires, abril de 2005.
7 “Argentina: pesada herencia energética”, Clarín,
Buenos Aires, 25-5-08.
8 Consejo Federal de la Energía Eléctrica, Plan Federal de
Transporte de Energía Eléctrica en 500 Kv,
www.cfee.gov.ar/caf/index.htm
*MAGÍSTER EN ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS,
GEORGEMASON UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS.
EXPERTO EN TEMAS DE MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE.
**LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES.
N.G. y R.A.
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