El uso y abuso meramente retórico o falaz del discurso de la responsabilidad social empresaria, o “minería responsable”, que utilizan diversos actores corporativos de la actual mega minería, procura eludir y acallar reclamos de las comunidades locales, las que denuncian el saqueo y la contaminación de sus bienes naturales y la vulneración de su estilo de vida, provocado por el modo de explotación a cielo abierto, con gigantescas voladuras de montañas y rocas, consumos de agua y energía subsidiada, uso de productos altamente tóxicos que envenenan el ambiente, y muchos otros impactos de extraordinaria envergadura, en el marco de un entramado legal sancionado a la medida de sus intereses durante la década de hegemonía neoliberal y mantenida hasta el presente.
Haciendo un breve recuento histórico hemos de mencionar que a partir de la Reforma del Estado en 1989, los organismos internacionales de crédito, más concretamente el Banco Mundial, promovieron un marco institucional tendiente a favorecer el desarrollo de la minería a gran escala. Con la sanción de la Ley 24.196 de Inversiones mineras (y complementarias), los emprendimientos mineros gozan de privilegios únicos para el sector, tales como: Doble deducción fiscal de gastos de Exploración (Ley Nº 24.196) que permite deducir el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad de un proyecto del cálculo, del impuesto a las Ganancias; Devolución del IVA a la Exploración (Ley Nº 25.429) por la compra de los vehículos y maquinarias que importen y por los elementos o servicios que compren o contraten en el país; y Estabilidad Fiscal y Cambiaria (Ley Nº 24.196) por 30 años, mantenida a pesar de Ley de Emergencia Económica, entre otras1. Este entramado legal, hecho a la medida de los intereses corporativos durante la década de hegemonía neoliberal, se mantiene hasta el presente.
Como Instituto Nacional de Tecnología Industrial estamos, junto a las universidades y demás instituciones del sistema científico y técnico, ante el deber de reflexionar y debatir abiertamente acerca del rol del Estado en torno a la minería (de idéntica manera al caso de biocombustibles, sojización, hidrocarburos, transportes, energía, etcétera), es decir, plantear las condiciones políticas sobre las cuales dar la discusión sobre la sustentabilidad o no de dicha actividad. Pero también, y sobre todo ante las diversas formas de cooptación de que son objeto (vía convenios institucionales, contratos de consultoría, subsidios, “premios”, etcétera), universidades y científicos deben cuestionarse y cuestionar su propia “responsabilidad social” de cara a la sociedad en general y a los vecinos afectados en particular. El INTI tuvo una dura experiencia durante los ’90, cuando el abandono presupuestario y la política neoliberal del gobierno Menem-Cavallo forzó a una cuasi privatización, vía venta de servicios y ensayos de laboratorio. En palabras del presidente del INTI “se nos insultó a los centros del INTI, llamándonos “unidades de negocio” en el propio estatuto” (ver editorial).
Valgan los siguientes ejemplos de muestra. Recientemente, el actual vice-presidente de Minera Bajo La Alumbrera (Catamarca), fue procesado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, convirtiéndolo en el primer alto directivo de una gran empresa en ser procesado por esta causa. Casi simultáneamente la OLAMI, Organización Latinoamericana de Minería, otorgó a dicha empresa el premio Gestión Social en la categoría Gran Minería, que otorga cada dos años por las actividades y avances vinculados con el desarrollo sustentable del sector minero en América Latina.
También La Alumbrera estableció un convenio con la Universidad Nacional General San Martín (UNSAM, uno de cuyos directivos es también alto directivo de la OLAMI) para dar “capacitación docente” a los maestros en Andalgalá, tarea a la que dicha Universidad del estado destinó un numeroso equipo de especialistas. La empresa Minera La Alumbrera esta constituída por una U.T.E. (Unión Transitoria de Empresas) entre una multinacional suiza (Xstrata) y un consorcio local (YMAD) integrado por.... la Universidad Nacional de Tucumán, que recibe regalías de aquella explotación que está siendo enjuiciada por la Justicia Federal en esa misma provincia. Hace pocos días, la minera Aguas del Dionisio, de Catamarca, acaba de otorgar un subsidio de un millón y medio de pesos a la Universidad Nacional de la Patagonia, que fue aceptado sin debate por su concejo superior, en Chubut, una provincia que ha sido pionera en las movilizaciones vecinales contra la mega minería. La credibilidad y prestigio de los profesionales y de las instituciones científicas en su conjunto quedan amenazadas de sospecha por estos connubios poco legítimos.
Una de las prácticas corporativas empresarias es manipular el concepto de responsabilidad social para generar consenso y/o consentimiento respecto de sus intereses con el fin de convalidar su accionar, altamente contradictorio con su discurso. Como ejemplo de ello se publicó en la emblemática revista Mining Press (Nº 15/2006), el sugerente título “Argentina for sale”, para ser distribuída en diversos países del mundo. Allí se promueven y publicitan a las corporaciones mineras como “empresas socialmente responsables que operan bajo estricto cumplimiento de todas las normativas ambientales, contribuyendo al crecimiento de la comunidad con empleo y el desarrollo de programas sustentables”. Asimismo como parte de la política de responsabilidad social y relaciones con la comunidad se publica un juego muy interesante para reflexionar sobre la ‘multiplicidad’ de estrategias corporativas destinadas a generar consenso (ver http://www.miningpress.com/news/oca3.htm).
Por último resulta de fundamental importancia destacar que los vecinos y ambientalistas que luchan por defender sus recursos no se declaran contra la minería, sino contra el saqueo y la contaminación, contra el despojo a cambio de espejitos de colores, contra el uso indiscriminado del agua para producir oro, plata, cobre y otros minerales que servirán para la economía del Primer Mundo. Esquel fue un ejemplo paradigmático en este sentido. A esta lucha y resistencia se suman otras localidades y pueblos que padecen la misma problemática, en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Juan, todo el centro oeste montañoso y cordillerano del país.
Fuente: INTI (Instituto Nacional de Tecnología industrial)