El próximo sábado 2 de agosto, ¡Traslasierra Despierta! invita a participar de una JORNADA X LA TIERRA.
La misma tendrá lugar desde las 11 de la mañana y hasta la puesta del sol en el Salón de Usos Múltiples del IPEM Nº 135 de Nono.
Habrá exposiciones de alumn@os de distintas escuelas del Valle de Traslasierra, muestra fotográfica, videos-debate, música en vivo y una charla a cargo de Miguel Grinberg titulada "Uranio: peste fatal" y "Energías Alternativas".
Una jornada para toda la familia.
Habrá servicio de buffet (locro y bebidas).
Imperdible.
27/7/08
22/7/08
El Gobierno de New Brunswick implementa normas para la minería y la exploración de uranio
FREDERICTON- El gobierno de New Brunswick está imponiendo nuevas normas para ayudar a acallar la preocupación popular ante la sorpresiva estampida de exploración de uranio en la provincia, pero los críticos dicen que las medidas van más allá y la oposición está presionando para lograr una moratoria plena.
El Ministro de Recursos Naturales Donald Arsenault anunció el viernes que la exploración y la minería de uranio están prohibidas en determinadas cuencas, en los municipios y dentro de los
El número de denuncios para explorar uranio en New Brunswick sea ha más que triplicado en los últimos tres años a medida que el precio del mineral radiactivo subía junto con el renovado interés de la energía verde por parte de las plantas de energía nuclear.
A comienzos de año, algunos propietarios quedaron atónitos al encontrar estacas o banderas dentro de sus propiedades a medida que los ansiosos prospectores avanzaban sobre las áreas residenciales.
Al menos cuatro compañías, incluida Vale Inco con sede en Toronto, están buscando uranio en la provincia.
El viernes, el ministro dijo que toda la actividad minera en propiedad privada será suspendida por varios meses hasta que los cambios se implementen y la provincia también introducirá un sistema de map-staking online.
“Los propietarios deberán dar su autorización para que las compañías mineras entren en sus tierras”, dijo el ministro.
Arsenault dijo que las normas eran retroactivas, lo que significa que cualquier denuncio anterior dentro de las áreas recientemente restringidas está vedado.
El miembro de la oposición Carl Urquhart dijo que las medidas eran muy tímidas.
“Los habitantes de New Brunswick no quieren minería de uranio”, dijo. “Ellos no quieren ninguna clase de exploración de uranio en la provincia”.
Urquhart representa el área Harvey al sudoeste de Brunswick, donde hay significativas reservas de uranio.
El dijo que los cambios no hacen nada para proteger a la gente de las áreas rurales como la que él representa, y la eliminación de las marcas de denuncio sólo esconde la cuestión.
“Ellos pueden efectuar su denuncio online”, dijo él. “Es como una operación encubierta”.
Grupos ambientalistas de New Brunswick piden una inmediata prohibición de la exploración de uranio.
Los representantes de cerca de 30 organizaciones firmaron recientemente un comunicado solicitando una política minera no uranio, similar a la moratoria ya en vigor en Nueva Escocia y Columbia Británica.
En Nueva Escocia, las normas exigen que la exploración de uranio cese si se detectan en un sitio concentraciones de uranio superiores a 100 partes por millón.
En New brunswick, las recientes sesiones informativas con propietarios preocupados de las áreas de Fredericton y Moncton se convirtieron en protestas emotivas protestas as los funcionarios públicos fueron abucheados por los residentes locales.
El Premier Shawn Graham dijo que comprende las preocupaciones, pero no quiere normas que regulen la prospección de uranio como las de Nueva Escocia, que según él se interponen a los esfuerzos por encontrar otras reservas de por ejemplo oro, cobre y plomo.
Entretanto, David Plante de Canadian Manufacturers and Exporters (Fabricantes y Exportadores Canadienses) dijo que las compañías mineras pueden convivir con los cambios en New Brunswick.
“Reconocemos que hay gran ansiedad ahí afuera alrededor de este tema del uranio, y lo que vemos aquí es un paso del gobierno para responder a estas preocupaciones”, dijo él.
Arsenault dijo que mientras el gobierno provincial planea poner más presión a la legislación minera para proteger a la población, tiene que haber un balance debido a la importancia del sector minero en la economía de New Brunswick.
La producción minera en New Brunswick alcanzó cerca de $ 1.6 millones en 2007 y la provincia recaudó casi $ 126 millones en impuestos a la minería.
Fuente: The Canadian Press Julio 6, 2008
Argentina: Potosí del Siglo XXI
Políticas activas para el saqueo de los bienes naturales
Uno de los sectores económicos que más creció en el período 2003-2007 es el de las inversiones en proyectos mineros. Según información de organismos de gobierno, el crecimiento del sector, con un 253% en el período, quintuplica el del conjunto de la economía, alcanzando una participación en el PBI de más del 7 por ciento. Estas inversiones, atraídas por la alta tasa de rentabilidad, son realizadas por grandes capitales extranjeros -en su mayoría norteamericanos, australianos y británicos-, entre ellos la compañía Barrick Gold, cuya propiedad se le adjudica a la familia Bush. Funcionarios de alto nivel de la administración kirchnerista explican la política hacia estas empresas.
“La planificación y ejecución de acciones políticas en el marco del Plan Minero Nacional, con la activa participación y compromiso de todos los actores del Sector, nos ha permitido sentar las bases para el desarrollo de la minería de los próximos 50 años”, informa el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, desde el sitio oficial de la Secretaría de Estado. “La actividad continuará creciendo a niveles históricos, superando nuevos récords en inversiones, proyectos, empleos, producción y exportaciones, siempre en un marco de sostenibilidad social y sustentabilidad ambiental. El desafío hoy es No Claudicar. Debemos continuar trabajando juntos para hacer realidad el anhelo de construir una actividad más próspera que consolida un país más equilibrado y con mayores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes”.
Semejantes definiciones de apoyo a una actividad que se caracteriza por ser altamente contaminante no representan una excepción; se encuentran en plena coincidencia con lo expresado desde la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (ADI), creada en 2006 por el ex presidente Néstor Kirchner. En el sitio del organismo, publicitado significativamente como “ProsperAr. Invest in Argentina. Su socio para invertir y prosperar en Argentina” se explica que “desde la Agencia queremos contribuir a que inversión en Argentina y prosperidad sean sinónimos” (negritas en el original). “Para Prosperar, trabajaremos por un ambiente de inversión vigoroso, comunicando al mundo la propuesta de valor de Argentina, y contribuyendo a una integración activa a los flujos de inversión y comercio internacional (...) ”. Como parte de esa tarea, ofrece algunas definiciones importantes sobre el proyecto económico del gobierno. “Desde ProsperAr trabajamos en un marco de vinculación y colaboración público privada para que la inversión y la innovación sean los motores del desarrollo sustentable con inclusión social. Para lograrlo hay que seguir avanzando en un sendero de crecimiento macroeconómicamente sustentable, y articular consensos para potenciar las ventajas de una economía exportadora basada en los recursos naturales y en la eficiencia productiva”. El sitio también explica que “el perfil industrial argentino se caracteriza por presentar”, entre otros aspectos, “elevados índices de productividad laboral”, “orientación exportadora” y “elevada presencia de firmas transnacionales”.
En una suerte de “pasen y lleven” de alto nivel, la Agencia destaca algunas ventajas ofrecidas a las corporaciones extranjeras. Entre estos argumentos promocionales pueden incluirse que “Argentina se caracteriza por la abundancia y calidad de sus recursos naturales, constituyendo una de las fuentes más importantes de América Latina y el mundo”. También resulta sugestivo el uso de distintos eufemismos, como por ejemplo que “el costo laboral de trabajadores calificados es competitivo (sic) en relación a otras ciudades del mundo”.
Similar información contenía un material publicitario elaborado en septiembre de 2005 por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME del Ministerio de Economía, titulado “Invertir en Argentina - Minería”, que misteriosamente fue sacado de circulación de los sitios oficiales, aunque obra en nuestro poder y también se lo puede encontrar en el sitio www.uranionogracias.com.ar. En el informe, la oferta incluye como puntos principales “Amplia disponibilidad de recursos mineros”, “Adecuado Marco Legal”, “Importante Régimen de incentivos”, “Existencia de recursos humanos altamente calificados”, “Costos competitivos Internacionalmente en los servicios públicos y la mano de obra”, “Eficiente sistema de Información y “Las más altas tasas de retorno en proyectos de oro y cobre”. Y entre otras perlitas, plantea que “a diferencia de lo que sucede en otros países como consecuencia de los derechos de aborígenes y temas relacionados con los parques nacionales, en Argentina hay muy pocas barreras para acceder a las áreas mineras”. Lo cual es cierto: el proyecto Veladero, en San Juan, está asentado sobre 100.000 hectáreas del Parque Nacional San Guillermo, que a pesar de ser declarado como Reserva Mundial de Biosfera está sufriendo graves daños respecto a sus glaciares, ríos, flora y fauna.
Paradójicamente, no se conoce que los apoyos “por izquierda” del gobierno hayan denunciado esta política por “vendepatria” o antipopular, ni que se movilicen en consecuencia. Por el contrario, hasta el momento la reacción de las comunidades ha sido el único contrapeso a una política que involucra al conjunto de gobernadores del PJ, algunos de los cuales –como el sanjuanino Gioja, jefe político del secretario Mayoral- poseen intereses en el sector. Las asambleas de vecinos autoconvocados, que en catorce provincias argentinas enfrentan estas políticas de saqueo y destrucción de los bienes comunes, han tenido que sobrellevar también distintos mecanismos de represión, como aprietes de punteros políticos y burócratas sindicales y amenazas y persecuciones del poder judicial, además de una frondosa billetera dispuesta a comprar las voluntades de los pueblos.
Sin embargo, hasta el momento han logrado que seis provincias prohíban la minería a cielo abierto, demostrando los graves perjuicios sobre el agua –principal insumo utilizado por las compañías, sin ningún costo-, el aire y en general la rica biodiversidad del país, que afectan las actividades regionales e incluso la salud humana.
En relación específicamente a la minería, y obviando todas las evidencias contra la pretendida sustentabilidad del sector, la información que provee actualmente la ADI retoma el informe de 2005, explicando que “la superficie estimada con potencial minero ronda los 750.000 km2 de los cuales resta explotar el 75%. En el ranking de disponibilidad de recursos mineros, Argentina ocupa el 6º lugar (de acuerdo al Mining Journal). Existen importantes depósitos de clase mundial de oro, cobre, plomo, zinc, boratos naturales, bentonita, arcilla y rocas ornamentales. La mayor parte se encuentra a lo largo de los 4.500 km de la Cordillera de los Andes. La puesta en producción de algunas minas produjo un proceso de transformación e inserción internacional sustentado principalmente en el desarrollo de los recursos metalíferos. Esto ha implicado un profundo cambio en la minería Argentina que pasó de inversiones y exportaciones casi inexistentes a niveles que superaron los u$s 3900 M para las primeras y los u$s 2600 M para las segundas”.
Además, publicita explícitamente los beneficios de la política fiscal para las empresas del sector (en negrita en el original): “Estabilidad fiscal por el término de 30 años”, “Doble deducción sobre el impuesto a las ganancias de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, y estudios de factibilidad técnico-económica”, “Régimen de financiamiento y devolución del IVA para bienes de capital e inversiones en obras de infraestructura física”, “Amortización acelerada para las inversiones de capital”, “Liberación de derechos de importación de bienes de capital y equipos, sus repuestos y accesorios”, “Tope del 3% del valor boca mina del mineral extraído a las regalías provinciales”, “Deducción del impuesto a las ganancias de hasta el 5% de los costos operativos de extracción y beneficio para constituir una provisión con fines ambientales”. La mayoría de estos beneficios se relacionan con el andamiaje jurídico impulsado por el gobierno de Carlos Menem, pero sostenido y perfeccionado como política oficial desde entonces.
En cuanto a las retenciones, las compañías instaladas previo al 2002 gozaron de exenciones hasta noviembre del año pasado, en momentos que se le impuso un tributo común a todas de entre el 5 y el 10%, que se mantiene vigente a pesar de que sólo en el último año el precio de los minerales aumentó más del 40%. Es de esperar que luego del conflicto con el agro, desde el gobierno se impulse la suba de estos derechos a la exportación, aunque los evidentes vínculos que mantiene con las empresas hacen pensar que todo puede pasar.
Entre las empresas beneficiadas por estas políticas se encuentran Barrick Gold, que en La Rioja quiere explotar el Cerro Famatina y en San Juan explota Veladero y quiere hacerlo con Pascua Lama, primer proyecto binacional del mundo; Anglogold (Cerro Vanguardia, en Santa Cruz); FMC Lithium (Salar del Hombre Muerto, en Catamarca), Northern Orion Resources Inc. (Agua Rica, en Catamarca), Rio Tinto (Potasio Río Colorado, en Mendoza y Arizaro/ Lindero, en Salta), Noranda Falconbridge Ltd. (Pachón, en San Juan); Silver Standard Resources (Pirquitas, en Jujuy, Diablillos, en Salta y Pórfidos Santa Cruz, en esa provincia); Xstrata (Bajo la Alumbrera, en Catamarca) y Global Cooper Inc., que quiere explotar en Mendoza el proyecto San Jorge y en Salta otro que sugestivamente lleva el nombre de Taca Taca Bajo.
En momentos en que desde distintos sectores progresistas parecen confiar más en los discursos presidenciales que en las informaciones concretas, y sostienen que estamos en presencia de un proyecto nacional y popular, las señales que continúa emitiendo el gobierno parecen ir a contramano del microclima. En medio de esa suerte de reedición de la “teoría del cerco al revés”, tal vez convendría considerar los datos provistos por las propias fuentes oficiales y vincularlos con las palabras pronunciadas por Néstor Kirchner el 23 de enero de 2004, al presentar el Plan Minero Nacional. “El sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del '90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente”, dijo el entonces presidente. “Con mayor o menor resultado según las legislaciones vigentes, en muchos casos provinciales, y también con el gerenciamiento de las propias provincias que le fue dando a la tarea que tenía que llevarse adelante en este sector el trabajo promocional o de inducción que el Gobierno Nacional tendría que haber profundizado y llevado adelante. Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, y que evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la Argentina”, añadió.
En esa oportunidad, el presidente del PJ, no sólo reivindicó la legislación de “la nefasta década de los 90” –incluso corriéndola por derecha- sino que marcó el rumbo estratégico en la materia. “El sector minero puede ayudar muchísimo para el desarrollo argentino, para el crecimiento productivo, del empleo, de las exportaciones, para el ingreso de divisas”, señaló a las corporaciones. “Así que nosotros desde el Gobierno Nacional vamos a jugar fuertemente a apoyar al sector, dispuestos también a escuchar permanentemente la visión del sector para tratar, como siempre, en la verdad relativa que tiene cada uno, de encontrar puntos permanentes de renovación que nos permitan estar adecuados a las probabilidades y a garantizar las perspectivas de rentabilidad”.
“Señores, nosotros agradecemos profundamente, avanzamos seriamente en el marco de esta inversión, lanzamos los parámetros concretos, las visiones, las perspectivas que tenemos, pero todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar, porque creemos en la Argentina industrial, productiva y en el desarrollo de nuestras riquezas”. A juzgar por los resultados, hasta el momento ese desarrollo ha sido bastante exitoso.
Fuente: Prensa de Frente
Uno de los sectores económicos que más creció en el período 2003-2007 es el de las inversiones en proyectos mineros. Según información de organismos de gobierno, el crecimiento del sector, con un 253% en el período, quintuplica el del conjunto de la economía, alcanzando una participación en el PBI de más del 7 por ciento. Estas inversiones, atraídas por la alta tasa de rentabilidad, son realizadas por grandes capitales extranjeros -en su mayoría norteamericanos, australianos y británicos-, entre ellos la compañía Barrick Gold, cuya propiedad se le adjudica a la familia Bush. Funcionarios de alto nivel de la administración kirchnerista explican la política hacia estas empresas.
“La planificación y ejecución de acciones políticas en el marco del Plan Minero Nacional, con la activa participación y compromiso de todos los actores del Sector, nos ha permitido sentar las bases para el desarrollo de la minería de los próximos 50 años”, informa el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, desde el sitio oficial de la Secretaría de Estado. “La actividad continuará creciendo a niveles históricos, superando nuevos récords en inversiones, proyectos, empleos, producción y exportaciones, siempre en un marco de sostenibilidad social y sustentabilidad ambiental. El desafío hoy es No Claudicar. Debemos continuar trabajando juntos para hacer realidad el anhelo de construir una actividad más próspera que consolida un país más equilibrado y con mayores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes”.
Semejantes definiciones de apoyo a una actividad que se caracteriza por ser altamente contaminante no representan una excepción; se encuentran en plena coincidencia con lo expresado desde la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones (ADI), creada en 2006 por el ex presidente Néstor Kirchner. En el sitio del organismo, publicitado significativamente como “ProsperAr. Invest in Argentina. Su socio para invertir y prosperar en Argentina” se explica que “desde la Agencia queremos contribuir a que inversión en Argentina y prosperidad sean sinónimos” (negritas en el original). “Para Prosperar, trabajaremos por un ambiente de inversión vigoroso, comunicando al mundo la propuesta de valor de Argentina, y contribuyendo a una integración activa a los flujos de inversión y comercio internacional (...) ”. Como parte de esa tarea, ofrece algunas definiciones importantes sobre el proyecto económico del gobierno. “Desde ProsperAr trabajamos en un marco de vinculación y colaboración público privada para que la inversión y la innovación sean los motores del desarrollo sustentable con inclusión social. Para lograrlo hay que seguir avanzando en un sendero de crecimiento macroeconómicamente sustentable, y articular consensos para potenciar las ventajas de una economía exportadora basada en los recursos naturales y en la eficiencia productiva”. El sitio también explica que “el perfil industrial argentino se caracteriza por presentar”, entre otros aspectos, “elevados índices de productividad laboral”, “orientación exportadora” y “elevada presencia de firmas transnacionales”.
En una suerte de “pasen y lleven” de alto nivel, la Agencia destaca algunas ventajas ofrecidas a las corporaciones extranjeras. Entre estos argumentos promocionales pueden incluirse que “Argentina se caracteriza por la abundancia y calidad de sus recursos naturales, constituyendo una de las fuentes más importantes de América Latina y el mundo”. También resulta sugestivo el uso de distintos eufemismos, como por ejemplo que “el costo laboral de trabajadores calificados es competitivo (sic) en relación a otras ciudades del mundo”.
Similar información contenía un material publicitario elaborado en septiembre de 2005 por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME del Ministerio de Economía, titulado “Invertir en Argentina - Minería”, que misteriosamente fue sacado de circulación de los sitios oficiales, aunque obra en nuestro poder y también se lo puede encontrar en el sitio www.uranionogracias.com.ar. En el informe, la oferta incluye como puntos principales “Amplia disponibilidad de recursos mineros”, “Adecuado Marco Legal”, “Importante Régimen de incentivos”, “Existencia de recursos humanos altamente calificados”, “Costos competitivos Internacionalmente en los servicios públicos y la mano de obra”, “Eficiente sistema de Información y “Las más altas tasas de retorno en proyectos de oro y cobre”. Y entre otras perlitas, plantea que “a diferencia de lo que sucede en otros países como consecuencia de los derechos de aborígenes y temas relacionados con los parques nacionales, en Argentina hay muy pocas barreras para acceder a las áreas mineras”. Lo cual es cierto: el proyecto Veladero, en San Juan, está asentado sobre 100.000 hectáreas del Parque Nacional San Guillermo, que a pesar de ser declarado como Reserva Mundial de Biosfera está sufriendo graves daños respecto a sus glaciares, ríos, flora y fauna.
Paradójicamente, no se conoce que los apoyos “por izquierda” del gobierno hayan denunciado esta política por “vendepatria” o antipopular, ni que se movilicen en consecuencia. Por el contrario, hasta el momento la reacción de las comunidades ha sido el único contrapeso a una política que involucra al conjunto de gobernadores del PJ, algunos de los cuales –como el sanjuanino Gioja, jefe político del secretario Mayoral- poseen intereses en el sector. Las asambleas de vecinos autoconvocados, que en catorce provincias argentinas enfrentan estas políticas de saqueo y destrucción de los bienes comunes, han tenido que sobrellevar también distintos mecanismos de represión, como aprietes de punteros políticos y burócratas sindicales y amenazas y persecuciones del poder judicial, además de una frondosa billetera dispuesta a comprar las voluntades de los pueblos.
Sin embargo, hasta el momento han logrado que seis provincias prohíban la minería a cielo abierto, demostrando los graves perjuicios sobre el agua –principal insumo utilizado por las compañías, sin ningún costo-, el aire y en general la rica biodiversidad del país, que afectan las actividades regionales e incluso la salud humana.
En relación específicamente a la minería, y obviando todas las evidencias contra la pretendida sustentabilidad del sector, la información que provee actualmente la ADI retoma el informe de 2005, explicando que “la superficie estimada con potencial minero ronda los 750.000 km2 de los cuales resta explotar el 75%. En el ranking de disponibilidad de recursos mineros, Argentina ocupa el 6º lugar (de acuerdo al Mining Journal). Existen importantes depósitos de clase mundial de oro, cobre, plomo, zinc, boratos naturales, bentonita, arcilla y rocas ornamentales. La mayor parte se encuentra a lo largo de los 4.500 km de la Cordillera de los Andes. La puesta en producción de algunas minas produjo un proceso de transformación e inserción internacional sustentado principalmente en el desarrollo de los recursos metalíferos. Esto ha implicado un profundo cambio en la minería Argentina que pasó de inversiones y exportaciones casi inexistentes a niveles que superaron los u$s 3900 M para las primeras y los u$s 2600 M para las segundas”.
Además, publicita explícitamente los beneficios de la política fiscal para las empresas del sector (en negrita en el original): “Estabilidad fiscal por el término de 30 años”, “Doble deducción sobre el impuesto a las ganancias de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, y estudios de factibilidad técnico-económica”, “Régimen de financiamiento y devolución del IVA para bienes de capital e inversiones en obras de infraestructura física”, “Amortización acelerada para las inversiones de capital”, “Liberación de derechos de importación de bienes de capital y equipos, sus repuestos y accesorios”, “Tope del 3% del valor boca mina del mineral extraído a las regalías provinciales”, “Deducción del impuesto a las ganancias de hasta el 5% de los costos operativos de extracción y beneficio para constituir una provisión con fines ambientales”. La mayoría de estos beneficios se relacionan con el andamiaje jurídico impulsado por el gobierno de Carlos Menem, pero sostenido y perfeccionado como política oficial desde entonces.
En cuanto a las retenciones, las compañías instaladas previo al 2002 gozaron de exenciones hasta noviembre del año pasado, en momentos que se le impuso un tributo común a todas de entre el 5 y el 10%, que se mantiene vigente a pesar de que sólo en el último año el precio de los minerales aumentó más del 40%. Es de esperar que luego del conflicto con el agro, desde el gobierno se impulse la suba de estos derechos a la exportación, aunque los evidentes vínculos que mantiene con las empresas hacen pensar que todo puede pasar.
Entre las empresas beneficiadas por estas políticas se encuentran Barrick Gold, que en La Rioja quiere explotar el Cerro Famatina y en San Juan explota Veladero y quiere hacerlo con Pascua Lama, primer proyecto binacional del mundo; Anglogold (Cerro Vanguardia, en Santa Cruz); FMC Lithium (Salar del Hombre Muerto, en Catamarca), Northern Orion Resources Inc. (Agua Rica, en Catamarca), Rio Tinto (Potasio Río Colorado, en Mendoza y Arizaro/ Lindero, en Salta), Noranda Falconbridge Ltd. (Pachón, en San Juan); Silver Standard Resources (Pirquitas, en Jujuy, Diablillos, en Salta y Pórfidos Santa Cruz, en esa provincia); Xstrata (Bajo la Alumbrera, en Catamarca) y Global Cooper Inc., que quiere explotar en Mendoza el proyecto San Jorge y en Salta otro que sugestivamente lleva el nombre de Taca Taca Bajo.
En momentos en que desde distintos sectores progresistas parecen confiar más en los discursos presidenciales que en las informaciones concretas, y sostienen que estamos en presencia de un proyecto nacional y popular, las señales que continúa emitiendo el gobierno parecen ir a contramano del microclima. En medio de esa suerte de reedición de la “teoría del cerco al revés”, tal vez convendría considerar los datos provistos por las propias fuentes oficiales y vincularlos con las palabras pronunciadas por Néstor Kirchner el 23 de enero de 2004, al presentar el Plan Minero Nacional. “El sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del '90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente”, dijo el entonces presidente. “Con mayor o menor resultado según las legislaciones vigentes, en muchos casos provinciales, y también con el gerenciamiento de las propias provincias que le fue dando a la tarea que tenía que llevarse adelante en este sector el trabajo promocional o de inducción que el Gobierno Nacional tendría que haber profundizado y llevado adelante. Más allá de una legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó, y que evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero en la Argentina”, añadió.
En esa oportunidad, el presidente del PJ, no sólo reivindicó la legislación de “la nefasta década de los 90” –incluso corriéndola por derecha- sino que marcó el rumbo estratégico en la materia. “El sector minero puede ayudar muchísimo para el desarrollo argentino, para el crecimiento productivo, del empleo, de las exportaciones, para el ingreso de divisas”, señaló a las corporaciones. “Así que nosotros desde el Gobierno Nacional vamos a jugar fuertemente a apoyar al sector, dispuestos también a escuchar permanentemente la visión del sector para tratar, como siempre, en la verdad relativa que tiene cada uno, de encontrar puntos permanentes de renovación que nos permitan estar adecuados a las probabilidades y a garantizar las perspectivas de rentabilidad”.
“Señores, nosotros agradecemos profundamente, avanzamos seriamente en el marco de esta inversión, lanzamos los parámetros concretos, las visiones, las perspectivas que tenemos, pero todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar, porque creemos en la Argentina industrial, productiva y en el desarrollo de nuestras riquezas”. A juzgar por los resultados, hasta el momento ese desarrollo ha sido bastante exitoso.
Fuente: Prensa de Frente
9/7/08
Novedades desde Villa Dolores
Próxima asamblea de Villa Dolores Despierta! Este jueves 10 de julio a las 19:00hs. en el Salón de Luz y Fuerza, Av. San Martín 73.
Una vez más están tod@s invitad@s y pueden extender la invitación.
Los esperamos.
Por otra parte, los autoconvocados de Villa Dolores informan que cuentan con un blog, que puedes consultar en www.villadoloresdespierta.blogspot.com
Una vez más están tod@s invitad@s y pueden extender la invitación.
Los esperamos.
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